CONCEPTO DE COMUNICACIÓN: La comunicación se puede definirse como la transmisión de conocimientos, ideas y sensaciones de una persona a otra o a un grupo con intención de provocar una reacción.
Por medio de la comunicación se produce:
influencias recíprocas entre las personas que generan reacciones de aprobación o rechazo,
se modifican las actitudes
se logra un mejor conocimiento de uno mismo y de los demás
se comprende el modo en que uno es percibido por lo demás.
PROCESO DE COMUNICACION:
La comunicación es un proceso; se modifica continuamente a través del tiempo. Los elementos presente en este proceso son: El mensaje, el emisor, el código, el receptor, el canal y el contexto.
MENSAJE : Lo que se quiere trasmitir en la situación de comunicación
EMISOR: Quien produce y emite el mensaje. Para trasmitir nuestras ideas o emociones debemos traducirlas (codificarlas) en signos que otros puedan comprender.
EL CODIGO: Sistemas de signos convencionales que se utilizan para construir un mensaje. Estos sistemas pueden asumir diferentes formas, por ejemplo, orales, gráficos, gestuales.
EL RECEPTOR: Quien recibe e interpreta el mensaje enviado por el emisor. Para interpretar el mensaje debe descifrar su significado (descodificarlo), lo que puede hacer sólo si conocen el código utilizado por el emisor. Por ejemplo, un mensaje enviado en código Morse sólo puede ser descodificado por quien conoce este código.
EL CANAL: Medio o vehículo -natural o artificial- que transporta el mensaje. Por ejemplo, las ondas sonoras que transmiten las palabras a través del aire
EL CONTEXTO: Situación concreta en que se desenvuelve el proceso de comunicación, al que enmarca y condiciona. El contexto incluye las circunstancias de tiempo y lugar, las percepciones que los participantes tienen unos de otros, las normas sociales que regulan cada acto comunicativo (no es lo mismo una charla entre amigos que la presentación de un informe a un jefe), los conocimientos, las experiencias y las valorizaciones previas sobre el tema que da lugar a la comunicación, etc.
La comunicación humana suele ser bidireccional, es decir que emisor y receptor intercambian mensajes permanentemente que va produciendo cambios de comportamientos en uno y otro. Por eso se dice que el proceso de comunicación implica una realimentación o retroalimentación
(feedback).
PRINCIPIOS BASICOS:
La comunicación no se produce sólo a través del lenguaje: simultanea o alternativamente también se utilizan otros signos, como por ejemplo: miradas, gestos, acciones, señales, sonidos, etc.
La comunicación se produce aunque el receptor no interprete el mensaje tal como quiere el emisor.
En todo mensaje se transmiten a la vez un contenido y una indicación sobre la relación que une el emisor y al receptor.
Condiciones para una comunicación eficaz:
El código empleado para construir el mensaje debe ser compartido por el emisor y el receptor.
Si, por ejemplo, el emisor utiliza para construir su mensaje el lenguaje de los gestos y el receptor no conoce este lenguaje, es difícil que se produzca la comunicación
Además, emisor y receptor deben compartir, aunque sea mínimamente, un marco de referencia común, que les permita otorgar significado a los mensajes que se trasmiten entre sí.
(El marco de referencia es el conjunto de signos con sus correspondientes significados. Este marco varía con la experiencia personal, el contexto sociocultural, etc.)
Debe superar las interferencias
La elección de un código inadecuado para transmitir el mensaje o la falta de atención del receptor son interferencias
Las interferencias son ruidos en la comunicación que dificultan la realización del proceso. Cualquiera de los elementos del proceso de comunicación puede generar una interferencia.
Habilidades del emisor:
Habilidad para seleccionar el contenido del mensaje
En general, el emisor no transmite todo lo que conoce, vio o escuchó, sino que realiza una selección de la información de que dispone.
Para efectuar una buena selección es conveniente conocer:
1. La información que se desea transmitir.
2. Los propósitos que se desean lograr a través de esa comunicación.
3. Las características de los receptores, para adecuarse a ellas.
Habilidad para expresar la información
Una vez seleccionada la información, es necesario expresarla de modo que refleje en la forma más completa y precisa posible lo que se desea trasmitir.
El mensaje debe ser completo, poseer todos los datos importantes, evitando el exceso de detalles irrelevantes que puedan generar confusión.
En muchas oportunidades, la comunicación se ve perturbada por el empleo de términos de uso poco común o mal definidos.
Actitudes positivas para la comunicación
La comunicación con sus interlocutores se verá favorecida sí usted manifiesta:
Interés y disposición
Seguridad y confianza en sí mismo
Estas actitudes determinan, al mismo tiempo, que los receptores se sientan más dispuestos a aceptar sus mensajes.
viernes, 10 de julio de 2009
CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO
Dentro de la tipología de inversiones que contempla el Sistema Nacional de Inversiones, un PROGRAMA es una iniciativa de inversión destinada a recuperar, mantener o potenciar la capacidad de generación de beneficios de un recurso humano o físico.
Se materializa mediante el desarrollo de acciones concretas y específicas que deben tener una duración acotada en el tiempo y diferenciarse claramente de aquellas actividades normales de funcionamiento. (Ejemplo: alfabetización, capacitación, difusión, manejo, prevención, vacunación, nutrición.
Las etapas de Ciclo de Vida que contempla un Programa son Perfil, Diseño y Ejecución/Operación. Según las características del Programa o su nivel de madurez, puede pasar desde la Etapa de Perfil a la de Ejecución/Operación.
La forma típica de evaluar es mediante la metodología del "Marco Lógico".
¿CUÁLES SON LAS ETAPAS POR LA QUE PASA UNA INICIATIVA DE INVERSIÓN?
El proceso de inversión utiliza recursos humanos, físicos, financieros, materiales y metodológicos, que van dando valor a las iniciativas en tanto éstas pasan desde la identificación a la formulación, evaluación, ejecución, puesta en marcha y operación.
El Sistema Nacional de Inversiones debe abarcar en su integridad este proceso, lo que conlleva un flujo permanente de iniciativas con distintos grados de elaboración, de manera que continuamente se estará identificando, formulando, evaluando y ejecutando aquellas iniciativas de inversión que se ajusten al rol asignado al Estado y que, dentro de ese marco de referencia, presenten las mayores rentabilidades sociales.
Esta secuencia de estados es lo que se denomina “Ciclo de Vida” que se resume en las siguientes etapas, las cuales deben ser ejecutadas en forma secuencial.
ETAPA DE PREINVERSIÓN
Idea.
Perfil
Prefactibilidad
Factibilidad
Diseño
ETAPA DE INVERSIÓN
Etapa de Operación
* Las prácticas vigentes dejan fuera del ámbito del Sistema Nacional de Inversiones las etapas de Idea y Perfil dentro de la preinversión, y la etapa de Operación.
El proceso 2005 registró , dentro del ámbito de iniciativas nuevas, un 83,1% para la etapa de Ejecución, un 14,5% para la etapa de Diseño, y un 2,4% para las etapas de prefactibilidad y factibilidad.
Ver Instrucciones para Postulación por Etapas del Ciclo de Vida Proyectos en SEBI 2006
ETAPA DE PREINVERSIÓN
PREINVERSION: contempla la Identificación de ideas de inversión, la formulación, evaluación y selección de las iniciativas más rentables desde el punto de vista económico social.
Idea: identifica la iniciativa de inversión, y especifica la necesidad insatisfecha o problema por resolver, el conjunto de posibles beneficios y su localización geográfica, y los objetivos que en relación con esos beneficios se espera alcanzar con la inversión.
Perfil: incorpora información adicional y precisa aquella proveniente de la subetapa de Idea. La información adicional se refiere a: cuantificación preliminar del mercado y tamaño de la inversión a partir de la información disponible; un análisis preliminar de alternativas técnicas, una estimación de montos de inversión por ítem (terreno, construcción, equipos e instalaciones), costo anual de operación promedio, vida útil. Con esta información se debe hacer una evaluación preliminar de la iniciativa de inversión.
Prefactibilidad: precisa con mayor detalle la información proveniente de los niveles anteriores y se incorporan datos adicionales para permitir descartar ciertas alternativas y perfeccionar las restantes. Para cada una de las alternativas se hacen evaluaciones económicas y técnicas, con el propósito de identificar aquellas que resultan promisorias y descartar las restantes.
Factibilidad: perfecciona la alternativa que haya resultado con el mejor indicador de evaluación (por ejemplo mayor valor actual neto (VAN) positivo en la etapa de prefactibilidad), reduciendo su rango de incertidumbre a límites aceptables.
Diseño: para la tipología proyectos, ajusta mediante la ingeniería y arquitectura, los detalles finales previos a la ejecución (disponibilidad y características del terreno o área de influencia), y las bases para la contratación de las obras
ETAPA DE INVERSIÓN
INVERSION (Ejecución): corresponde a todas las acciones tendientes a ejecutar físicamente la iniciativa de inversión tal y como fue especificado en la preinversión, a fin de concretar en la operación del mismo los beneficios netos estimados.
Operación: Etapa del Ciclo de Vida de una iniciativa de inversión que incluye su puesta en marcha y generación de los beneficios netos estimados en el estado de preinversión.
Se materializa mediante el desarrollo de acciones concretas y específicas que deben tener una duración acotada en el tiempo y diferenciarse claramente de aquellas actividades normales de funcionamiento. (Ejemplo: alfabetización, capacitación, difusión, manejo, prevención, vacunación, nutrición.
Las etapas de Ciclo de Vida que contempla un Programa son Perfil, Diseño y Ejecución/Operación. Según las características del Programa o su nivel de madurez, puede pasar desde la Etapa de Perfil a la de Ejecución/Operación.
La forma típica de evaluar es mediante la metodología del "Marco Lógico".
¿CUÁLES SON LAS ETAPAS POR LA QUE PASA UNA INICIATIVA DE INVERSIÓN?
El proceso de inversión utiliza recursos humanos, físicos, financieros, materiales y metodológicos, que van dando valor a las iniciativas en tanto éstas pasan desde la identificación a la formulación, evaluación, ejecución, puesta en marcha y operación.
El Sistema Nacional de Inversiones debe abarcar en su integridad este proceso, lo que conlleva un flujo permanente de iniciativas con distintos grados de elaboración, de manera que continuamente se estará identificando, formulando, evaluando y ejecutando aquellas iniciativas de inversión que se ajusten al rol asignado al Estado y que, dentro de ese marco de referencia, presenten las mayores rentabilidades sociales.
Esta secuencia de estados es lo que se denomina “Ciclo de Vida” que se resume en las siguientes etapas, las cuales deben ser ejecutadas en forma secuencial.
ETAPA DE PREINVERSIÓN
Idea.
Perfil
Prefactibilidad
Factibilidad
Diseño
ETAPA DE INVERSIÓN
Etapa de Operación
* Las prácticas vigentes dejan fuera del ámbito del Sistema Nacional de Inversiones las etapas de Idea y Perfil dentro de la preinversión, y la etapa de Operación.
El proceso 2005 registró , dentro del ámbito de iniciativas nuevas, un 83,1% para la etapa de Ejecución, un 14,5% para la etapa de Diseño, y un 2,4% para las etapas de prefactibilidad y factibilidad.
Ver Instrucciones para Postulación por Etapas del Ciclo de Vida Proyectos en SEBI 2006
ETAPA DE PREINVERSIÓN
PREINVERSION: contempla la Identificación de ideas de inversión, la formulación, evaluación y selección de las iniciativas más rentables desde el punto de vista económico social.
Idea: identifica la iniciativa de inversión, y especifica la necesidad insatisfecha o problema por resolver, el conjunto de posibles beneficios y su localización geográfica, y los objetivos que en relación con esos beneficios se espera alcanzar con la inversión.
Perfil: incorpora información adicional y precisa aquella proveniente de la subetapa de Idea. La información adicional se refiere a: cuantificación preliminar del mercado y tamaño de la inversión a partir de la información disponible; un análisis preliminar de alternativas técnicas, una estimación de montos de inversión por ítem (terreno, construcción, equipos e instalaciones), costo anual de operación promedio, vida útil. Con esta información se debe hacer una evaluación preliminar de la iniciativa de inversión.
Prefactibilidad: precisa con mayor detalle la información proveniente de los niveles anteriores y se incorporan datos adicionales para permitir descartar ciertas alternativas y perfeccionar las restantes. Para cada una de las alternativas se hacen evaluaciones económicas y técnicas, con el propósito de identificar aquellas que resultan promisorias y descartar las restantes.
Factibilidad: perfecciona la alternativa que haya resultado con el mejor indicador de evaluación (por ejemplo mayor valor actual neto (VAN) positivo en la etapa de prefactibilidad), reduciendo su rango de incertidumbre a límites aceptables.
Diseño: para la tipología proyectos, ajusta mediante la ingeniería y arquitectura, los detalles finales previos a la ejecución (disponibilidad y características del terreno o área de influencia), y las bases para la contratación de las obras
ETAPA DE INVERSIÓN
INVERSION (Ejecución): corresponde a todas las acciones tendientes a ejecutar físicamente la iniciativa de inversión tal y como fue especificado en la preinversión, a fin de concretar en la operación del mismo los beneficios netos estimados.
Operación: Etapa del Ciclo de Vida de una iniciativa de inversión que incluye su puesta en marcha y generación de los beneficios netos estimados en el estado de preinversión.
TÉCNICAS PARA MEDIR RESULTADOS
Que un proyecto sea evaluable significa que permite:
• Entender la lógica de intervención, sus principales hipótesis y marco temporal
• Identificar las partes interesadas y los datos claves que se deberán tomar en consideración al momento de realizar las actividades de monitoreo y evaluación
Hay que tener en cuenta las siguientes técnicas:
A.- Objetivos
• Establecer qué es un objetivo: logros, éxitos y metas cumplidas
• Es importante establecer la forma en que se medirá el objetivo, en relación con la especificación del producto o resultado que se busca
Los objetivos deben ser:
• Realistas
• Eficaces
• Coherentes
• Cuantificables
Indicadores
• “La especificación cuantitativa y cualitativa para medir el logro de un objetivo, aceptada colectivamente por los involucrados en el proyecto como adecuada para lograr el objetivo correspondiente”
• Tiene que haber un consenso sobre lo que mide; esto le otorga credibilidad frente a los involucrados en el momento de ver los resultados en los diferentes momentos
• En la matriz de marco lógico los indicadores definen operacionalmente lo escrito en la columna del Resumen Narrativo, se refieren al resultado esperado de cada nivel.
• Puede haber varios indicadores para cada Componente
• Puede haber varios indicadores para el Propósito
• Puede haber varios indicadores para el Fin
• Sin embargo puede bastar un solo indicador si este define en forma adecuada y operacionalmente el objetivo
• Los indicadores requieren del acuerdo de los involucrados y los beneficiarios
• Deben ser suficientes como para ser utilizados en diferentes momentos y no sólo al final del proyecto
Pasos para la formulación de Indicadores:
• 1º Objetivo especificado
• 2º Cantidad : cuanto queremos producir o lograr
• 3º Calidad : establecer un estándar sobre el cual comparar
• 4º Tiempo: cuando se logrará el objetivo
• Identificar el grupo meta: Para quién, en que lugar?
• Es necesario establecer metas inmediatas para ver como avanza el proyecto
• Sirven para apoyar la ejecución del proyecto: sirven para establecer los compromisos
• Mejorar ciertas condiciones iniciales
• Sin ello las evaluaciones pierden objetividad
• Puede ser base para seudo evaluaciones
Papel del indicador en los Proyectos:
• define operacionalmente
• Ayuda al monitoreo y evaluación
• Poder mostrar las bondades del proyecto
Indicadores apropiados:
• Además de las consideraciones anteriores los Indicadores deben ser adecuados
• Definir el característica o atributos que debe tener el indicador, separando los indicadores de producto y los de propósito
Salto cualitativo entre propósito y componente, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
• El propósito se hace en términos “hipotéticos”. “El propósito es la hipótesis central del proyecto”
• El resultado no es controlable por el ejecutor
Propósito:
Técnicas e infraestructura agrícola mejorada
(factores controlables por el proyecto) Propósito
Productividad en el cultivo de arroz incrementada
(factores no controlables por el proyecto)
Indicadores inteligentes
• Específico
• Realizable
• Medible
• Relevante
• Enmarcado en el tiempo
• Independiente
Elementos para formular indicadores “inteligentes”
• Establecer datos de línea base
• Utilizar puntos de referencia: Norma o medida profesional, Norma o nivel técnico, Mejores prácticas
• Incorporar datos de tendencia
Indicadores “proxy” o sustitutos:
• El indicador proxy es menos preciso para medir el desempeño buscado, sin embargo también es mucho menos costoso de medir
Ejemplos:
• Reducción de quejas de clientes como proxy de mejor atención al cliente
• Disminución de tasa de enfermedad específica como proxy de prevención de dicha enfermedad
Indicadores de avanzada o intermedios
• Miden pasos intermedios hacia el resultado esperado
• Pueden ser observados antes del fin del proyecto y de la obtención de los resultados
Ejemplo
Los profesores aplican habilidades impartidas en cursos de capacitación de docentes, como efecto inicial de la cadena hacia mejorar la calidad de la educación
• Entender la lógica de intervención, sus principales hipótesis y marco temporal
• Identificar las partes interesadas y los datos claves que se deberán tomar en consideración al momento de realizar las actividades de monitoreo y evaluación
Hay que tener en cuenta las siguientes técnicas:
A.- Objetivos
• Establecer qué es un objetivo: logros, éxitos y metas cumplidas
• Es importante establecer la forma en que se medirá el objetivo, en relación con la especificación del producto o resultado que se busca
Los objetivos deben ser:
• Realistas
• Eficaces
• Coherentes
• Cuantificables
Indicadores
• “La especificación cuantitativa y cualitativa para medir el logro de un objetivo, aceptada colectivamente por los involucrados en el proyecto como adecuada para lograr el objetivo correspondiente”
• Tiene que haber un consenso sobre lo que mide; esto le otorga credibilidad frente a los involucrados en el momento de ver los resultados en los diferentes momentos
• En la matriz de marco lógico los indicadores definen operacionalmente lo escrito en la columna del Resumen Narrativo, se refieren al resultado esperado de cada nivel.
• Puede haber varios indicadores para cada Componente
• Puede haber varios indicadores para el Propósito
• Puede haber varios indicadores para el Fin
• Sin embargo puede bastar un solo indicador si este define en forma adecuada y operacionalmente el objetivo
• Los indicadores requieren del acuerdo de los involucrados y los beneficiarios
• Deben ser suficientes como para ser utilizados en diferentes momentos y no sólo al final del proyecto
Pasos para la formulación de Indicadores:
• 1º Objetivo especificado
• 2º Cantidad : cuanto queremos producir o lograr
• 3º Calidad : establecer un estándar sobre el cual comparar
• 4º Tiempo: cuando se logrará el objetivo
• Identificar el grupo meta: Para quién, en que lugar?
• Es necesario establecer metas inmediatas para ver como avanza el proyecto
• Sirven para apoyar la ejecución del proyecto: sirven para establecer los compromisos
• Mejorar ciertas condiciones iniciales
• Sin ello las evaluaciones pierden objetividad
• Puede ser base para seudo evaluaciones
Papel del indicador en los Proyectos:
• define operacionalmente
• Ayuda al monitoreo y evaluación
• Poder mostrar las bondades del proyecto
Indicadores apropiados:
• Además de las consideraciones anteriores los Indicadores deben ser adecuados
• Definir el característica o atributos que debe tener el indicador, separando los indicadores de producto y los de propósito
Salto cualitativo entre propósito y componente, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
• El propósito se hace en términos “hipotéticos”. “El propósito es la hipótesis central del proyecto”
• El resultado no es controlable por el ejecutor
Propósito:
Técnicas e infraestructura agrícola mejorada
(factores controlables por el proyecto) Propósito
Productividad en el cultivo de arroz incrementada
(factores no controlables por el proyecto)
Indicadores inteligentes
• Específico
• Realizable
• Medible
• Relevante
• Enmarcado en el tiempo
• Independiente
Elementos para formular indicadores “inteligentes”
• Establecer datos de línea base
• Utilizar puntos de referencia: Norma o medida profesional, Norma o nivel técnico, Mejores prácticas
• Incorporar datos de tendencia
Indicadores “proxy” o sustitutos:
• El indicador proxy es menos preciso para medir el desempeño buscado, sin embargo también es mucho menos costoso de medir
Ejemplos:
• Reducción de quejas de clientes como proxy de mejor atención al cliente
• Disminución de tasa de enfermedad específica como proxy de prevención de dicha enfermedad
Indicadores de avanzada o intermedios
• Miden pasos intermedios hacia el resultado esperado
• Pueden ser observados antes del fin del proyecto y de la obtención de los resultados
Ejemplo
Los profesores aplican habilidades impartidas en cursos de capacitación de docentes, como efecto inicial de la cadena hacia mejorar la calidad de la educación
MOMENTO DE LA VIDA DEL PROYECTO / OPERACIONES DE DISEÑO
Fase inicial de diseño
- Evaluar la viabilidad, el alcance y la justificación del proyecto
- Determinar la meta y los objetivos
- Describir los principales productos y actividades
- Describir el proceso y las estructuras de ejecución
- Describir el sistema de S y E
- Preparar el presupuesto y determinar los niveles de la plantilla
Fase de puesta en marcha
- Promover el conocimiento de las metas y objetivos entre los principales interesados
- Revisar y revisar el diseño inicial
- Diseñar y planear las actividades con suficiente detalle para que puedan ejecutarse
- Elaborar un sistema operacional de S y E detallado
Revisión anual del plan de trabajo y presupuesto
- Verificar si los productos, los objetivos a nivel de propósitos y la meta siguen siendo pertinentes; ajustarlos
- Decidir qué actividades y tareas son necesarias para la entrega de los productos
Supervisión (periódica)
- Examinar la marcha general del proyecto
- Decidir los cambios que deben introducirse en el plan anual de trabajo
- Evaluar los cambios potenciales en el diseño general que requieran negociaciones del convenio de préstamo
Final de la fase inicial de ejecución
- Revisar la estrategia general del proyecto a la luz de las experiencias de la primera fase de ejecución
- Preparar recomendaciones para el plan de trabajo de la fase siguiente
- Negociar los cambios importantes en el diseño de la fase siguiente
Revisión de medio término (o revisiones entre las fases, si el proyecto tiene un mecanismo flexible para la concesión de los préstamos)
- Revisar el grado de realización de los productos y los progresos hacia el logro de los propósitos y las metas
- Evaluar la idoneidad de la estrategia general
- Rediseñar el proyecto según sea necesario
Principio del período de desmantelamiento gradual
- Identificar las prioridades de las actividades finales, para obtener el máximo impacto
- Revisar y ajustar las estrategias con miras a conseguir un impacto sostenido
- Evaluar la viabilidad, el alcance y la justificación del proyecto
- Determinar la meta y los objetivos
- Describir los principales productos y actividades
- Describir el proceso y las estructuras de ejecución
- Describir el sistema de S y E
- Preparar el presupuesto y determinar los niveles de la plantilla
Fase de puesta en marcha
- Promover el conocimiento de las metas y objetivos entre los principales interesados
- Revisar y revisar el diseño inicial
- Diseñar y planear las actividades con suficiente detalle para que puedan ejecutarse
- Elaborar un sistema operacional de S y E detallado
Revisión anual del plan de trabajo y presupuesto
- Verificar si los productos, los objetivos a nivel de propósitos y la meta siguen siendo pertinentes; ajustarlos
- Decidir qué actividades y tareas son necesarias para la entrega de los productos
Supervisión (periódica)
- Examinar la marcha general del proyecto
- Decidir los cambios que deben introducirse en el plan anual de trabajo
- Evaluar los cambios potenciales en el diseño general que requieran negociaciones del convenio de préstamo
Final de la fase inicial de ejecución
- Revisar la estrategia general del proyecto a la luz de las experiencias de la primera fase de ejecución
- Preparar recomendaciones para el plan de trabajo de la fase siguiente
- Negociar los cambios importantes en el diseño de la fase siguiente
Revisión de medio término (o revisiones entre las fases, si el proyecto tiene un mecanismo flexible para la concesión de los préstamos)
- Revisar el grado de realización de los productos y los progresos hacia el logro de los propósitos y las metas
- Evaluar la idoneidad de la estrategia general
- Rediseñar el proyecto según sea necesario
Principio del período de desmantelamiento gradual
- Identificar las prioridades de las actividades finales, para obtener el máximo impacto
- Revisar y ajustar las estrategias con miras a conseguir un impacto sostenido
POLITICAS PÚBLICAS CLASE Nº1
Hemos adoptado como concepto de política pública: “La decisión válidamente adoptada por un organismo público (nacional, estadal o local) en respuesta a una situación o problema relevante, que afecte seriamente a la población u organismos de su jurisdicción”.
Sobre el mismo consideramos conveniente destacar lo siguiente:
1. La aprobación de la política pública le corresponde a un organismo del Estado, lo cual lleva implícito el compromiso de asegurar su cumplimiento.
2. Dicha decisión se adopta como respuesta a un problema realmente importante, que debe ser solucionado, pues, de no ser así, se afectarían intereses de la comunidad o instituciones del país.
3. Además, habría que precisar la magnitud del problema, es decir, si es nacional, provincial o local.
Son todo aquello que el gobierno decide hacer o no hacer (respuestas a problemas). Las políticas públicas son programas de acción gubernamental, resultado de una intervención pública que se aplica a un sector de la sociedad, o a un espacio geográfico concreto.
Características:
Tienen un contenido, porque movilizan recursos para obtener resultados concretos.
Tienen una orientación normativa: expresan unas preferencias ideológicas.
Tienen un elemento de coacción: los poderes públicos disponen de una autoridad que se impone a la colectividad.
Tienen unos resultados/efectos => decisión (output) => Efecto (outcome).
Tienen una territorialidad: se implementan en espacios geográficos concretos. Cada vez más, las políticas tienen tendencias multinivel (cada vez intervienen más instancias).
Disponen de recursos: económicos, técnicos (expertos, maquinaria...), legales (genera constricciones, pero también oportunidades), y cognitivos (técnicos, experiencia, científicos...). Los poderes públicos movilizan estos recursos para generar políticas públicas.
POLÍTICA PÚBLICA
Posición básica o curso de acción seleccionado por el gobierno para orientar las decisiones respecto a una necesidad o situación de interés público. Las principales fuentes de expresión de política pública son la Constitución, el Código Político, las leyes, el Programa de Gobierno y los pronunciamientos oficiales del gobierno.
Las políticas públicas definen un orden de prioridad y el ámbito de acción del gobierno en el tratamiento de los problemas o necesidades, según su naturaleza y urgencia.
CRECIMIENTO HACIA AFUERA
Motor: Mercado externo
Producto básico: Bienes primarios
Tipo de Estado: Liberal clásico
SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES
Motor: Mercado interno
Producto básico: Bienes manufacturados
Tipo de Estado: Interventor, empresario, "social"
Énfasis social: Protección al trabajador asalariado (organizado, reivindicativo),[ligazón política social con mercado de trabajo]
Crear "clase media": asegurar capacidad de compra de bienes producidos localmente
POSTAJUSTE
Motor: Mercado externo
Producto básico: Bienes competitivos, que incorporan progreso técnico (basados en recursosnaturales, en muchos casos)
Tipo de Estado: Regulador, "neo-social"
Énfasis social: Inversión en capital humano
Durante la llamada "década perdida" (que, en lo económico, no lo fue para todos los países, y que resultó "ganada" para muchos por el restablecimiento de la democracia), comenzó a diseminarse un nuevo modelo, cuyos principales criterios económicos son:
a) alcanzar y/o respetar los equilibrios macroeconómicos;
b) reducir la tasa de inflación;
c) retirar al Estado de ciertas áreas, en las que serían más eficientes los actores privados;
d) aumentar las exportaciones, porque el motor del crecimiento de estas economías se sitúa nuevamente en el mercado internacional;
e) elevar la competitividad de los productores nacionales, incluso eliminando la protección arancelaria;
f) modernizar el aparato público, para que use de modo más eficiente los recursos sobre todo financieros, y sea más eficaz en el logro de sus objetivos;
1.-INSTITUCIONALIDAD
Responsabilidad estatal vs. pluralidad de sectores
El paradigma emergente recoge los antecedentes que mostraban el agotamiento de esta concentración de responsabilidades en el aparato estatal. El Estado será responsable parcialmente del financiamiento, en especial de los programas orientados a la población de menores recursos; ejercerá actividades de promoción; tendrá que asumir también funciones de ejecución de los programas, según algunos sólo de manera subsidiaria, esto es,en reemplazo (en "subsidio") de otros actores sociales llamados en primer lugar a cumplir esas tareas. Pero sostiene que las funciones de la política social pueden separarse y llevarse a cabo por otros subsectores:filantrópico o voluntario, comercial e informal (Bustelo, 1988).
El sector comercial atiende a una clientela solvente. En tal sentido, parecería escasa su vinculación con la equidad y la atención de los pobres. Sin embargo, su participación puede darse por dos vías. En primer lugar, porque si aquel grupo no pudiera satisfacer sus necesidades mediante un pago, lo haría presionando para que los programas públicos atendieran sus necesidades. La existencia de este subsector privado, permitiría concentrar los recursos estatales en atender a los menos favorecidos. Por otro lado, el sector comercial puede cumplir -seguramente con eficiencia- algunas funciones en la prestación de servicios sociales, mediante el procedimiento de la terciarización.
2.-INSTITUCIONALIDAD
Centralismo vs. descentralización
Las críticas al centralismo enfatizan que se toman decisiones careciendo de la información necesaria sobre las peculiaridades de cada zona y se opta por soluciones homogéneas que se aplican a realidades que son heterogéneas, lo que conduce a asignar de manera ineficiente los recursos y a no solucionar los problemas.
Las ventajas de la descentralización estarían en que puede generar un mayor consenso social, derivado de la participación, y un control de las burocracias, las cuales se esconden en la maraña del centralismo. Asimismo, y dado el tamaño más pequeño tanto territorialmente como en el número de personas implicadas, facilitaría el cálculo de los costos y los beneficios de las acciones que se pretende implementar e, incluso, da la posibilidad de experimentar con métodos alternativos para proveer el mismo servicio. Ello sería casi imposible de lograr en el centralismo dada la enorme complejidad de operación del sistema (Weale, 1978).
Pero también hay argumentos contrarios a la descentralización. Algunos sostienen que la autonomía local en la prestación de servicios sociales provocaría una inaceptable variación en los estándares de provisión de los servicios entre diferentes zonas.
3. LÓGICA DECISIONAL
Lógica burocrática vs. lógica de proyectos
El paradigma emergente, en cambio, tiende a fomentar -dentro de lo posible- la participación de otros actores. Busca asignar recursos públicos contra la presentación de proyectos confeccionados por los interesados de acuerdo a su propia percepción de cómo solucionar determinados problemas sociales. Esta concepción cree que la capacidad de innovación se encuentra diseminada en la sociedad y no concentrada exclusivamente en el Estado, y que la misma debe aprovecharse.
4. FINANCIAMIENTO (I): FUENTES DE RECURSOS:
Estatal vs. cofinanciación
El paradigma emergente, al considerar que el Estado no es el único actor de la política social, afirma que debe ser sólo uno entre varios aportantes de recursos. En definitiva, es necesario buscar la cofinanciación, esto es, que los propios beneficiarios contribuyan. Esto no sólo aportaría recursos suplementarios sino que, además, avivaría el compromiso de la comunidad con el programa. El criterio subyacente es que "lo que no cuesta, no es valorizado por quien lo recibe". El riesgo de marginar a los más pobres, que no están en condiciones de asumir responsabilidades financieras, puede ser evitado si se establecen los incentivos adecuados (Larrañaga 1994; Lehmann 1994).
5. FINANCIAMIENTO (II): ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Subsidio a la oferta vs. subsidio a la demanda
En el paradigma dominante, el financiamiento se orienta a cubrir los costos relevantes del proveedor (alguna repartición estatal), que oferta bienes o servicios con los cuales pretende solucionar o paliar el problema social detectado.
Mediante el subsidio a la demanda, en cambio, el financiador transfiere un poder de compra (vía cupones o "vouchers") para que el beneficiario "compre", en el (cuasi)mercado así creado, el bien que estime adecuado. La alternatividad, esto es, la existencia de más de un oferente es requisito fundamental en estaforma de subsidio. El cálculo del valor del "voucher" plantea dificultades (Levin, 1995).
6. OBJETIVO:
Universalismo de la oferta vs. universalidad de la satisfacción
El paradigma emergente plantea otra forma de universalización, ya no de la oferta, sino de la satisfacción de las necesidades de las personas. Se sustenta en el principio de equidad, según el cual para superar las diferencias, debe tratarse desigualmente a quienes son socios económicamente desiguales (acción afirmativa o discriminación positiva). Una oferta homogénea para situaciones heterogéneas sólo puede conducir a mantener las diferencias originarias. Esa oferta corresponderá a las necesidades de cierto subconjunto de la población, pero no será adecuada para otros, sea por razones culturales o socioeconómicas.
Así, lograr que los hijos de familias pobres asistan a la escuela y se mantengan en ella exige asignarles además de una educación de buena calidad, un horario instruccional más extenso que permita compensar las limitaciones que el clima familiar impone a la capacidad de aprender; programas nutricionales e, incluso, un subsidio por el costo de oportunidad que significa optar por la escuela vis a vis alguna inserción laboral (Levin, 1995).
7. CRITERIO DE PRIORIDAD Y EXPANSIÓN
Ampliación progresiva de arriba hacia abajo vs. primero, los más necesitados
Hay tres criterios para asignar recursos en lo social: destinarlos al que llega primero; o a los que tienen menos necesidades; o a los más necesitados. Entre ellos, el paradigma emergente opta por el último y propone implementarlo a través de la focalización.
Focalizar es identificar con la mayor precisión posible a los beneficiarios potenciales y diseñar el programa con el objetivo de asegurar un impacto per cápita elevado sobre el grupo seleccionado, mediante transferencias monetarias o entrega de bienes o servicios (Franco, 1990a y 1995).
La focalización permitiría mejorar el diseño de los programas, ya que cuanto más precisa sea la identificación del problema (carencias a satisfacer) y de quienes lo padecen (población objetivo) más fácil resultará diseñar medidas diferenciadas y específicas para su solución; aumenta, además, la eficiencia en el uso de los recursos escasos; y eleva el impacto producido por el programa al concentrar los recursos en la población de mayor riesgo. 17/
8. POBLACIÓN BENEFICIARIA
Clase media o intereses organizados vs. grupos pobres
El paradigma dominante -por su relación con una específica fase del crecimiento económico latinoamericano- se preocupó por atender a sectores que tenían capacidad de presión sobre el Estado, en especial a la clase media. Por esa vía, el Estado facilitó la ampliación del mercado interno, lo que era de interés de la industria nacional.
Para el paradigma emergente, en cambio, la única manera de lograr la equidad es atender a los más necesitados, tanto por su situación de carencia extrema, como porque los sectores que han sido beneficiados hasta ahora tienen capacidad (o, por lo menos, más capacidad) para solucionar autónomamente sus problemas.
9. ENFOQUE: En los medios vs. en los fines
El paradigma emergente pretende, por su lado, orientar los programas a lograr un cambio en las condiciones de vida de la población y se preocupa por el impacto, esto es, por la magnitud del beneficio que reciben los destinatarios de los programas, de acuerdo a los objetivos buscados.
Esto exige utilizar criterios que permitan identificar el grupo al que se pretende llegar y, también, calibrar los logros mediante una metodología de evaluación adecuada a lo que se pretende medir. El análisis de costo-impacto (ACI) mide tanto la eficiencia como la eficacia de los proyectos (Cohen y Franco, 1988, 1992 y 1993). Requiere una "línea basal" de diagnóstico y una "línea de comparación", lo que permite verificar la magnitud de los cambios atribuibles al proyecto.
10. INDICADOR UTILIZADO
Gasto público social vs. relación costo-impacto
El indicador principal del modelo dominante es el gasto público social y sus fluctuaciones. Tácitamente, se acepta que existe una relación inversa (no explicitada) entre su monto y la magnitud de la pobreza: a más recursos disponibles, menor cantidad o proporción de pobres. Sin embargo, el monto del gasto social es un mal indicador, tanto del desarrollo social -que se relaciona también con el desempeño económico del país-, como de la inversión en capital humano. Puede ser elevado y mal utilizado para alcanzar esa finalidad.
Es por ello que el paradigma emergente insiste en la necesidad de indicadores relacionados con cada programa específico. En tal sentido, recomienda utilizar la relación costo-impacto, que permite apreciar si el programa está optimizando los recursos o, dicho de otra manera, si maximiza el impacto al menor costo posible.
CONCLUSIÓN
La política social se vuelve así un prerrequisito tanto de la economía como de la política. Pero esa función debe llevarse a cabo en una situación de escasez de recursos y de limitaciones derivadas de la competencia. Por ello es tan importante analizar las posibilidades de reformar y explorar nuevas alternativas de política social.
Es probable que una combinación de lo mejor de los paradigmas dominante y emergente, dé una resultante más eficiente y eficaz.
Sobre el mismo consideramos conveniente destacar lo siguiente:
1. La aprobación de la política pública le corresponde a un organismo del Estado, lo cual lleva implícito el compromiso de asegurar su cumplimiento.
2. Dicha decisión se adopta como respuesta a un problema realmente importante, que debe ser solucionado, pues, de no ser así, se afectarían intereses de la comunidad o instituciones del país.
3. Además, habría que precisar la magnitud del problema, es decir, si es nacional, provincial o local.
Son todo aquello que el gobierno decide hacer o no hacer (respuestas a problemas). Las políticas públicas son programas de acción gubernamental, resultado de una intervención pública que se aplica a un sector de la sociedad, o a un espacio geográfico concreto.
Características:
Tienen un contenido, porque movilizan recursos para obtener resultados concretos.
Tienen una orientación normativa: expresan unas preferencias ideológicas.
Tienen un elemento de coacción: los poderes públicos disponen de una autoridad que se impone a la colectividad.
Tienen unos resultados/efectos => decisión (output) => Efecto (outcome).
Tienen una territorialidad: se implementan en espacios geográficos concretos. Cada vez más, las políticas tienen tendencias multinivel (cada vez intervienen más instancias).
Disponen de recursos: económicos, técnicos (expertos, maquinaria...), legales (genera constricciones, pero también oportunidades), y cognitivos (técnicos, experiencia, científicos...). Los poderes públicos movilizan estos recursos para generar políticas públicas.
POLÍTICA PÚBLICA
Posición básica o curso de acción seleccionado por el gobierno para orientar las decisiones respecto a una necesidad o situación de interés público. Las principales fuentes de expresión de política pública son la Constitución, el Código Político, las leyes, el Programa de Gobierno y los pronunciamientos oficiales del gobierno.
Las políticas públicas definen un orden de prioridad y el ámbito de acción del gobierno en el tratamiento de los problemas o necesidades, según su naturaleza y urgencia.
CRECIMIENTO HACIA AFUERA
Motor: Mercado externo
Producto básico: Bienes primarios
Tipo de Estado: Liberal clásico
SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES
Motor: Mercado interno
Producto básico: Bienes manufacturados
Tipo de Estado: Interventor, empresario, "social"
Énfasis social: Protección al trabajador asalariado (organizado, reivindicativo),[ligazón política social con mercado de trabajo]
Crear "clase media": asegurar capacidad de compra de bienes producidos localmente
POSTAJUSTE
Motor: Mercado externo
Producto básico: Bienes competitivos, que incorporan progreso técnico (basados en recursosnaturales, en muchos casos)
Tipo de Estado: Regulador, "neo-social"
Énfasis social: Inversión en capital humano
Durante la llamada "década perdida" (que, en lo económico, no lo fue para todos los países, y que resultó "ganada" para muchos por el restablecimiento de la democracia), comenzó a diseminarse un nuevo modelo, cuyos principales criterios económicos son:
a) alcanzar y/o respetar los equilibrios macroeconómicos;
b) reducir la tasa de inflación;
c) retirar al Estado de ciertas áreas, en las que serían más eficientes los actores privados;
d) aumentar las exportaciones, porque el motor del crecimiento de estas economías se sitúa nuevamente en el mercado internacional;
e) elevar la competitividad de los productores nacionales, incluso eliminando la protección arancelaria;
f) modernizar el aparato público, para que use de modo más eficiente los recursos sobre todo financieros, y sea más eficaz en el logro de sus objetivos;
1.-INSTITUCIONALIDAD
Responsabilidad estatal vs. pluralidad de sectores
El paradigma emergente recoge los antecedentes que mostraban el agotamiento de esta concentración de responsabilidades en el aparato estatal. El Estado será responsable parcialmente del financiamiento, en especial de los programas orientados a la población de menores recursos; ejercerá actividades de promoción; tendrá que asumir también funciones de ejecución de los programas, según algunos sólo de manera subsidiaria, esto es,en reemplazo (en "subsidio") de otros actores sociales llamados en primer lugar a cumplir esas tareas. Pero sostiene que las funciones de la política social pueden separarse y llevarse a cabo por otros subsectores:filantrópico o voluntario, comercial e informal (Bustelo, 1988).
El sector comercial atiende a una clientela solvente. En tal sentido, parecería escasa su vinculación con la equidad y la atención de los pobres. Sin embargo, su participación puede darse por dos vías. En primer lugar, porque si aquel grupo no pudiera satisfacer sus necesidades mediante un pago, lo haría presionando para que los programas públicos atendieran sus necesidades. La existencia de este subsector privado, permitiría concentrar los recursos estatales en atender a los menos favorecidos. Por otro lado, el sector comercial puede cumplir -seguramente con eficiencia- algunas funciones en la prestación de servicios sociales, mediante el procedimiento de la terciarización.
2.-INSTITUCIONALIDAD
Centralismo vs. descentralización
Las críticas al centralismo enfatizan que se toman decisiones careciendo de la información necesaria sobre las peculiaridades de cada zona y se opta por soluciones homogéneas que se aplican a realidades que son heterogéneas, lo que conduce a asignar de manera ineficiente los recursos y a no solucionar los problemas.
Las ventajas de la descentralización estarían en que puede generar un mayor consenso social, derivado de la participación, y un control de las burocracias, las cuales se esconden en la maraña del centralismo. Asimismo, y dado el tamaño más pequeño tanto territorialmente como en el número de personas implicadas, facilitaría el cálculo de los costos y los beneficios de las acciones que se pretende implementar e, incluso, da la posibilidad de experimentar con métodos alternativos para proveer el mismo servicio. Ello sería casi imposible de lograr en el centralismo dada la enorme complejidad de operación del sistema (Weale, 1978).
Pero también hay argumentos contrarios a la descentralización. Algunos sostienen que la autonomía local en la prestación de servicios sociales provocaría una inaceptable variación en los estándares de provisión de los servicios entre diferentes zonas.
3. LÓGICA DECISIONAL
Lógica burocrática vs. lógica de proyectos
El paradigma emergente, en cambio, tiende a fomentar -dentro de lo posible- la participación de otros actores. Busca asignar recursos públicos contra la presentación de proyectos confeccionados por los interesados de acuerdo a su propia percepción de cómo solucionar determinados problemas sociales. Esta concepción cree que la capacidad de innovación se encuentra diseminada en la sociedad y no concentrada exclusivamente en el Estado, y que la misma debe aprovecharse.
4. FINANCIAMIENTO (I): FUENTES DE RECURSOS:
Estatal vs. cofinanciación
El paradigma emergente, al considerar que el Estado no es el único actor de la política social, afirma que debe ser sólo uno entre varios aportantes de recursos. En definitiva, es necesario buscar la cofinanciación, esto es, que los propios beneficiarios contribuyan. Esto no sólo aportaría recursos suplementarios sino que, además, avivaría el compromiso de la comunidad con el programa. El criterio subyacente es que "lo que no cuesta, no es valorizado por quien lo recibe". El riesgo de marginar a los más pobres, que no están en condiciones de asumir responsabilidades financieras, puede ser evitado si se establecen los incentivos adecuados (Larrañaga 1994; Lehmann 1994).
5. FINANCIAMIENTO (II): ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Subsidio a la oferta vs. subsidio a la demanda
En el paradigma dominante, el financiamiento se orienta a cubrir los costos relevantes del proveedor (alguna repartición estatal), que oferta bienes o servicios con los cuales pretende solucionar o paliar el problema social detectado.
Mediante el subsidio a la demanda, en cambio, el financiador transfiere un poder de compra (vía cupones o "vouchers") para que el beneficiario "compre", en el (cuasi)mercado así creado, el bien que estime adecuado. La alternatividad, esto es, la existencia de más de un oferente es requisito fundamental en estaforma de subsidio. El cálculo del valor del "voucher" plantea dificultades (Levin, 1995).
6. OBJETIVO:
Universalismo de la oferta vs. universalidad de la satisfacción
El paradigma emergente plantea otra forma de universalización, ya no de la oferta, sino de la satisfacción de las necesidades de las personas. Se sustenta en el principio de equidad, según el cual para superar las diferencias, debe tratarse desigualmente a quienes son socios económicamente desiguales (acción afirmativa o discriminación positiva). Una oferta homogénea para situaciones heterogéneas sólo puede conducir a mantener las diferencias originarias. Esa oferta corresponderá a las necesidades de cierto subconjunto de la población, pero no será adecuada para otros, sea por razones culturales o socioeconómicas.
Así, lograr que los hijos de familias pobres asistan a la escuela y se mantengan en ella exige asignarles además de una educación de buena calidad, un horario instruccional más extenso que permita compensar las limitaciones que el clima familiar impone a la capacidad de aprender; programas nutricionales e, incluso, un subsidio por el costo de oportunidad que significa optar por la escuela vis a vis alguna inserción laboral (Levin, 1995).
7. CRITERIO DE PRIORIDAD Y EXPANSIÓN
Ampliación progresiva de arriba hacia abajo vs. primero, los más necesitados
Hay tres criterios para asignar recursos en lo social: destinarlos al que llega primero; o a los que tienen menos necesidades; o a los más necesitados. Entre ellos, el paradigma emergente opta por el último y propone implementarlo a través de la focalización.
Focalizar es identificar con la mayor precisión posible a los beneficiarios potenciales y diseñar el programa con el objetivo de asegurar un impacto per cápita elevado sobre el grupo seleccionado, mediante transferencias monetarias o entrega de bienes o servicios (Franco, 1990a y 1995).
La focalización permitiría mejorar el diseño de los programas, ya que cuanto más precisa sea la identificación del problema (carencias a satisfacer) y de quienes lo padecen (población objetivo) más fácil resultará diseñar medidas diferenciadas y específicas para su solución; aumenta, además, la eficiencia en el uso de los recursos escasos; y eleva el impacto producido por el programa al concentrar los recursos en la población de mayor riesgo. 17/
8. POBLACIÓN BENEFICIARIA
Clase media o intereses organizados vs. grupos pobres
El paradigma dominante -por su relación con una específica fase del crecimiento económico latinoamericano- se preocupó por atender a sectores que tenían capacidad de presión sobre el Estado, en especial a la clase media. Por esa vía, el Estado facilitó la ampliación del mercado interno, lo que era de interés de la industria nacional.
Para el paradigma emergente, en cambio, la única manera de lograr la equidad es atender a los más necesitados, tanto por su situación de carencia extrema, como porque los sectores que han sido beneficiados hasta ahora tienen capacidad (o, por lo menos, más capacidad) para solucionar autónomamente sus problemas.
9. ENFOQUE: En los medios vs. en los fines
El paradigma emergente pretende, por su lado, orientar los programas a lograr un cambio en las condiciones de vida de la población y se preocupa por el impacto, esto es, por la magnitud del beneficio que reciben los destinatarios de los programas, de acuerdo a los objetivos buscados.
Esto exige utilizar criterios que permitan identificar el grupo al que se pretende llegar y, también, calibrar los logros mediante una metodología de evaluación adecuada a lo que se pretende medir. El análisis de costo-impacto (ACI) mide tanto la eficiencia como la eficacia de los proyectos (Cohen y Franco, 1988, 1992 y 1993). Requiere una "línea basal" de diagnóstico y una "línea de comparación", lo que permite verificar la magnitud de los cambios atribuibles al proyecto.
10. INDICADOR UTILIZADO
Gasto público social vs. relación costo-impacto
El indicador principal del modelo dominante es el gasto público social y sus fluctuaciones. Tácitamente, se acepta que existe una relación inversa (no explicitada) entre su monto y la magnitud de la pobreza: a más recursos disponibles, menor cantidad o proporción de pobres. Sin embargo, el monto del gasto social es un mal indicador, tanto del desarrollo social -que se relaciona también con el desempeño económico del país-, como de la inversión en capital humano. Puede ser elevado y mal utilizado para alcanzar esa finalidad.
Es por ello que el paradigma emergente insiste en la necesidad de indicadores relacionados con cada programa específico. En tal sentido, recomienda utilizar la relación costo-impacto, que permite apreciar si el programa está optimizando los recursos o, dicho de otra manera, si maximiza el impacto al menor costo posible.
CONCLUSIÓN
La política social se vuelve así un prerrequisito tanto de la economía como de la política. Pero esa función debe llevarse a cabo en una situación de escasez de recursos y de limitaciones derivadas de la competencia. Por ello es tan importante analizar las posibilidades de reformar y explorar nuevas alternativas de política social.
Es probable que una combinación de lo mejor de los paradigmas dominante y emergente, dé una resultante más eficiente y eficaz.
viernes, 26 de junio de 2009
LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO:
APUNTE PREPARADO POR CLAUDIA PARRA CISTERNAS
ABOGADO, JUNIO 2009.
1.-LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO:
El hecho de que el ser humano viva en comunidad, ha originado conflictos de intereses entre los miembros de ese grupo.
Para la solución de los mismos se han conocido a través de la historia tres formas fundamentales: la autotutela, la autocomposición y el proceso judicial.
La autotutela consiste en solucionar las controversias haciéndose justicia por si mismo, recurriendo incluso al uso de la fuerza. En la actualidad en las sociedades civilizadas, salvo en casos excepcionales, como por ejemplo la legítima defensa, la autotutela se encuentra prohibida por la ley e incluso sancionada penalmente.
Por su parte, la autocomposición consiste en solucionar las controversias en forma pacífica, por acuerdo alcanzado en forma directa entre las partes sobre él o los puntos en conflicto, acuerdo que normalmente importa el otorgamiento de concesiones recíprocas.
Las diferentes formas que comprende la autocomposición son los llamados equivalentes jurisdiccionales, entre los cuales se encuentra la transacción, el avenimiento y la conciliación.
A medida que los pueblos fueron evolucionando, comprendieron que los sistemas de solución de conflictos antes mencionados no eran normalmente los más adecuados para la obtención de una solución equitativa, llegando a concebir la idea de someter estas controversias al conocimiento de un tercero imparcial, quien ajustándose a determinadas reglas que le señalaran la forma de escuchar las pretensiones de las partes, así como el modo de recibir las pruebas que éstas podían aportar en apoyo de los derechos que reclamaban, pudiera resolver en una sentencia quién tenía la razón.
Estas reglas se denominan normas de procedimiento, las cuales señalan la forma como debe sustanciarse el PROCESO JUDICIAL; Que es un conjunto sucesivo de actos, emanados de las partes de un conflicto de relevancia jurídica, de ciertos terceros o del tribunal, desarrollados en forma progresiva ante este último, de acuerdo con las normas de procedimiento que la ley en cada caso señala, a través del cual el juez desempeña la función jurisdiccional que le ha encomendado el Estado, cuyo ejercicio normalmente concluye con la dictación de la sentencia definitiva, en la cual éste consigna la resolución del asunto controvertido.
DERECHO PROCESAL
Aquella rama del Dº que estudia la organización de los Tribunales de Justicia, señalando sus atribuciones, competencia (Dº Procesal Orgánico) y que determinan las normas de procedimiento que deben seguir los tribunales en los asuntos sometidos a su conocimiento, así como las normas procedimentales a las cuales deben ceñirse las partes que concurren a los tribunales en demanda de justicia.( Dº Procesal Funcional).
FUENTES DEL DERECHO PROCESAL
1) Fuentes Directas
a) La Constitución Política de la República (CPR)
b) La Ley Procesal (LP)
c) Los Autoacordados (AA)
d) Las Convenciones o Tratados Internacionales (TT.II.)
2) Fuentes Indirectas
a) El Dº Histórico
b) La Legislación Antigua
c) El Dº Extranjero
d) La Doctrina de los Autores
e) Los Usos y Costumbres
f) La Jurisprudencia
El proceso tiene importancia por tres razones fundamentales:
a. Es el único medio esencialmente jurídico que permite obtener la solución de un conflicto de intereses y ello por dos razones:
b. - Además de servir a las partes para obtener que se determinen sus derechos y se solucionen sus conflictos, sirve también al estado para mantener el orden jurídico y la paz social, puesto que a través del proceso los conflictos se solucionan pacíficamente y porque los particulares saben de antemano que disponen de este mecanismo para lograr que se solucionen los conflictos en que eventualmente puedan verse envueltos.
c.- Es el medio que mayores posibilidades ofrece de aportar una solución justa del conflicto.
Al hablar de proceso es necesario para evitar confusiones, distinguir nítidamente tres conceptos:
* PROCESO. Es un conjunto sucesivo de actos a través del cual el juez desempeña la función jurisdiccional que le ha encomendado el Estado, cuyo ejercicio normalmente concluye con la dictación de la sentencia definitiva
* PROCEDIMIENTO; es el conjunto de formalidades específicas a que debe someterse tanto los tribunales como las personas que concurren ante ellos planteando pretensiones procesales.
* EXPEDIENTE; podría decirse que es la materialidad del proceso, ya que consiste en el conjunto de escritos, documentos y actuaciones de toda clase que se presentan o verifican en el proceso y que se ordenan cronológicamente.
La noción de proceso es la que ha dado nacimiento al derecho procesal, porque el implica que el estado debe desarrollar una determinada actividad para solucionar los conflictos jurídicos de intereses y esta actividad es la función jurisdiccional.
También implica que ha debido establecerse un instrumento o un medio que permita a los particulares poner en movimiento esta actividad jurisdiccional del estado, e implica por último que esta actividad jurisdiccional debe desarrollarse de cierta manera, es decir, mediante un proceso.
De aquí entonces que JURISDICCION, ACCION y PROCESO, son los tres pilares fundamentales sobre los cuales descansa el derecho procesal.
JURISICCION: Es la función pública desarrollada por los órganos competentes del Estado mediante la cual y a través de un proceso se pone término a un conflicto de relevancia jurídica por medio de una sentencia que goza de autoridad de cosa juzgada, eventualmente factible de ejecución.
ACCION: Es el poder jurídico que tiene todo sujeto de D° de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de su pretensión.
Por conducto de la acción se ejercen las pretensiones, sin embargo, en el contexto del proceso, en los términos como viene definido por el Art. 29 CPC, la acción se ejerce por conducto de una demanda Art. 254 CPC o de una acusación (Art. 259 CPP).
Un litigio es un conflicto intersubjetivo de intereses jurídicamente trascendente, caracterizado por la existencia de una pretensión resistida. El proceso está destinado a resolver el litigio. Mediante el ejercicio de la acción se origina el proceso, al poner en movimiento la jurisdicción. La acción va dirigida al Estado (Tribunales) y no al adversario; es la pretensión la que se dirige a éste.
En consecuencia, la acción procesal es el mecanismo que la Constitución y la ley pone a disposición de las partes para traspasar el conflicto al proceso; y la pretensión es el derecho de las partes para solicitar al tribunal una decisión jurisdiccional favorable a sus intereses en la solución final del proceso. Es usual que acción y pretensión sean confundidas. Ello se ha debido a que su titularidad corresponde a una misma persona y a que generalmente las dos van contenidas en un mismo acto: en la demanda o querella.
El juez no conoce más hechos ni sondea más conflictos que los que las propias partes someten a su decisión, en otras palabras, el juez se ajusta al mérito del proceso, no persigue la verdad material, se conforma con la verdad procesal, aquella a la que el proceso permitió acceder, que puede no coincidir con la verdad extraprocesal.
ABOGADO, JUNIO 2009.
1.-LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO:
El hecho de que el ser humano viva en comunidad, ha originado conflictos de intereses entre los miembros de ese grupo.
Para la solución de los mismos se han conocido a través de la historia tres formas fundamentales: la autotutela, la autocomposición y el proceso judicial.
La autotutela consiste en solucionar las controversias haciéndose justicia por si mismo, recurriendo incluso al uso de la fuerza. En la actualidad en las sociedades civilizadas, salvo en casos excepcionales, como por ejemplo la legítima defensa, la autotutela se encuentra prohibida por la ley e incluso sancionada penalmente.
Por su parte, la autocomposición consiste en solucionar las controversias en forma pacífica, por acuerdo alcanzado en forma directa entre las partes sobre él o los puntos en conflicto, acuerdo que normalmente importa el otorgamiento de concesiones recíprocas.
Las diferentes formas que comprende la autocomposición son los llamados equivalentes jurisdiccionales, entre los cuales se encuentra la transacción, el avenimiento y la conciliación.
A medida que los pueblos fueron evolucionando, comprendieron que los sistemas de solución de conflictos antes mencionados no eran normalmente los más adecuados para la obtención de una solución equitativa, llegando a concebir la idea de someter estas controversias al conocimiento de un tercero imparcial, quien ajustándose a determinadas reglas que le señalaran la forma de escuchar las pretensiones de las partes, así como el modo de recibir las pruebas que éstas podían aportar en apoyo de los derechos que reclamaban, pudiera resolver en una sentencia quién tenía la razón.
Estas reglas se denominan normas de procedimiento, las cuales señalan la forma como debe sustanciarse el PROCESO JUDICIAL; Que es un conjunto sucesivo de actos, emanados de las partes de un conflicto de relevancia jurídica, de ciertos terceros o del tribunal, desarrollados en forma progresiva ante este último, de acuerdo con las normas de procedimiento que la ley en cada caso señala, a través del cual el juez desempeña la función jurisdiccional que le ha encomendado el Estado, cuyo ejercicio normalmente concluye con la dictación de la sentencia definitiva, en la cual éste consigna la resolución del asunto controvertido.
DERECHO PROCESAL
Aquella rama del Dº que estudia la organización de los Tribunales de Justicia, señalando sus atribuciones, competencia (Dº Procesal Orgánico) y que determinan las normas de procedimiento que deben seguir los tribunales en los asuntos sometidos a su conocimiento, así como las normas procedimentales a las cuales deben ceñirse las partes que concurren a los tribunales en demanda de justicia.( Dº Procesal Funcional).
FUENTES DEL DERECHO PROCESAL
1) Fuentes Directas
a) La Constitución Política de la República (CPR)
b) La Ley Procesal (LP)
c) Los Autoacordados (AA)
d) Las Convenciones o Tratados Internacionales (TT.II.)
2) Fuentes Indirectas
a) El Dº Histórico
b) La Legislación Antigua
c) El Dº Extranjero
d) La Doctrina de los Autores
e) Los Usos y Costumbres
f) La Jurisprudencia
El proceso tiene importancia por tres razones fundamentales:
a. Es el único medio esencialmente jurídico que permite obtener la solución de un conflicto de intereses y ello por dos razones:
b. - Además de servir a las partes para obtener que se determinen sus derechos y se solucionen sus conflictos, sirve también al estado para mantener el orden jurídico y la paz social, puesto que a través del proceso los conflictos se solucionan pacíficamente y porque los particulares saben de antemano que disponen de este mecanismo para lograr que se solucionen los conflictos en que eventualmente puedan verse envueltos.
c.- Es el medio que mayores posibilidades ofrece de aportar una solución justa del conflicto.
Al hablar de proceso es necesario para evitar confusiones, distinguir nítidamente tres conceptos:
* PROCESO. Es un conjunto sucesivo de actos a través del cual el juez desempeña la función jurisdiccional que le ha encomendado el Estado, cuyo ejercicio normalmente concluye con la dictación de la sentencia definitiva
* PROCEDIMIENTO; es el conjunto de formalidades específicas a que debe someterse tanto los tribunales como las personas que concurren ante ellos planteando pretensiones procesales.
* EXPEDIENTE; podría decirse que es la materialidad del proceso, ya que consiste en el conjunto de escritos, documentos y actuaciones de toda clase que se presentan o verifican en el proceso y que se ordenan cronológicamente.
La noción de proceso es la que ha dado nacimiento al derecho procesal, porque el implica que el estado debe desarrollar una determinada actividad para solucionar los conflictos jurídicos de intereses y esta actividad es la función jurisdiccional.
También implica que ha debido establecerse un instrumento o un medio que permita a los particulares poner en movimiento esta actividad jurisdiccional del estado, e implica por último que esta actividad jurisdiccional debe desarrollarse de cierta manera, es decir, mediante un proceso.
De aquí entonces que JURISDICCION, ACCION y PROCESO, son los tres pilares fundamentales sobre los cuales descansa el derecho procesal.
JURISICCION: Es la función pública desarrollada por los órganos competentes del Estado mediante la cual y a través de un proceso se pone término a un conflicto de relevancia jurídica por medio de una sentencia que goza de autoridad de cosa juzgada, eventualmente factible de ejecución.
ACCION: Es el poder jurídico que tiene todo sujeto de D° de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de su pretensión.
Por conducto de la acción se ejercen las pretensiones, sin embargo, en el contexto del proceso, en los términos como viene definido por el Art. 29 CPC, la acción se ejerce por conducto de una demanda Art. 254 CPC o de una acusación (Art. 259 CPP).
Un litigio es un conflicto intersubjetivo de intereses jurídicamente trascendente, caracterizado por la existencia de una pretensión resistida. El proceso está destinado a resolver el litigio. Mediante el ejercicio de la acción se origina el proceso, al poner en movimiento la jurisdicción. La acción va dirigida al Estado (Tribunales) y no al adversario; es la pretensión la que se dirige a éste.
En consecuencia, la acción procesal es el mecanismo que la Constitución y la ley pone a disposición de las partes para traspasar el conflicto al proceso; y la pretensión es el derecho de las partes para solicitar al tribunal una decisión jurisdiccional favorable a sus intereses en la solución final del proceso. Es usual que acción y pretensión sean confundidas. Ello se ha debido a que su titularidad corresponde a una misma persona y a que generalmente las dos van contenidas en un mismo acto: en la demanda o querella.
El juez no conoce más hechos ni sondea más conflictos que los que las propias partes someten a su decisión, en otras palabras, el juez se ajusta al mérito del proceso, no persigue la verdad material, se conforma con la verdad procesal, aquella a la que el proceso permitió acceder, que puede no coincidir con la verdad extraprocesal.
REGULACIÓN DE LA ACCIÓN EN CHILE
A)Constitución Política:
Si bien no existe disposición constitucional que contemple el derecho de acción expresamente, sí se encuentra amparado implícitamente en los arts. 19 N°3 y N°14 y 73. La primera disposición consagra la garantía de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, la cual evidentemente incluye el derecho de acción procesal. Como toda sentencia debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y teniendo presente que la tramitación necesariamente debe comprender la fase de conocimiento, es evidente que para que ésta exista es necesario que una acción active la jurisdicción del tribunal.
Además, la Carta Magna contempla muchas acciones específicas, como la de reclamación de nacionalidad, de indemnización por error judicial, de reclamación de legalidad del acto expropiatorio, de protección, de amparo, etc.
B)Ámbito meramente legal:
La disposición básica es la contenida en el art. 254 del CPC, que establece los requisitos de la demanda civil en juicio ordinario, normas que, como sabemos, son de aplicación supletoria para muchos otros procedimientos (art. 3 CPC). En materia penal, la situación varía un poco, puesto que tratándose de delitos de acción pública la acción puede deducirse por varios medios. En el procedimiento antiguo son la querella, la denuncia hecha directamente al tribunal y el requerimiento de la fiscalía judicial. En el nuevo proceso penal sólo se conservan como formas de ejercer la acción penal pública la querella y el requerimiento del Ministerio Público.
DONDE ENTABLO LA ACCION
CONCEPTO DE COMPETENCIA.
La competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones.
El Estado requiere contar con un número variable de tribunales de justicia. Hay necesidades tanto de carácter territorial, tanto de la especialidad de los tribunales. Por eso tenemos tribunales distribuidos a todo lo largo del país y tribunales especiales conforma a las materias de que se trate.
Integran el poder judicial como tribunales ordinarios los siguientes. Tribunales Art. 5 inc. 2 COT:
- La corte suprema
- Las cortes de apelaciones
- Los presidentes y ministros de cortes
- Los tribunales de juicio oral en lo penal
- Los juzgados de letras
- Los juzgados de garantía
Forman parte del poder judicial como tribunales especiales:
- Los juzgados de familia
- Los juzgados de letras del trabajo
- Los juzgados de cobranza laboral y previsional
- Los tribunales militares en tiempos de paz
- Los demás tribunales que las leyes especiales contemplen
2.- Los Presupuestos Procesales:
Para que el proceso pueda existir validamente es necesario que se cumpla con ciertos requisitos; que existan ciertos elementos a los cuales la doctrina ha denominado presupuestos procesales y que ha clasificado en presupuestos de existencia y de validez.
A.- Presupuestos de existencia:
a) La existencia de un órgano jurisdiccional o tribunal;
b) La presencia física de las partes y
c) El conflicto de intereses de relevancia jurídica. La falta de cualquiera de los presupuestos antes indicados trae como consecuencia la inexistencia del proceso, en forma tal que las actuaciones que se hayan practicado en él carecerán de todo valor, incluyendo la sentencia definitiva.
B.- Presupuestos de validez son:
a) La existencia de un tribunal competente;
b) La capacidad de las partes y
c) El cumplimiento de las formalidades legales o normas de procedimiento que la ley establece para los diferentes casos.
3.- Las Formalidades Legales o Normas de Procedimiento.
Propiamente nos referiremos a este presupuesto procesal de validez al tratar la forma como la ley regula los diferentes procedimientos tanto civiles como criminales; en esta parte sólo señalaremos los principios jurídico-procesales en los cuales se fundan dichas normas de procedimiento.
DEMANDA: MANERA DE HACER EFECTIVA LA ACCION.
REQUISITOS
Art. 254 Código Procedimiento Civil. La demanda debe contener:
1.- La designación del tribunal ante quien se entabla;
2.- El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las personas que lo representen, y la naturaleza de la representación;
3.- El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado;
4.- La exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya; y
5.- La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión de las peticiones que se sometan al fallo del tribunal.
Art. 256. Puede el juez de oficio no dar curso a la demanda que no contenga las indicaciones ordenadas en los tres primeros números del artículo 254, expresando el defecto de que adolece.
Art. 257 (254). Admitida la demanda, se conferirá traslado de ella al demandado para que la conteste.
Art. 258. El término de emplazamiento para contestar la demanda será de quince días si el demandado es notificado en la comuna donde funciona el tribunal.
Se aumentará este término en tres días más si el demandado se encuentra en el mismo territorio jurisdiccional pero fuera de los límites de la comuna que sirva de asiento al tribunal.
Art. 261 (258). Notificada la demanda a cualquiera de los demandados y antes de la contestación, podrá el demandante hacer en ella las ampliaciones o rectificaciones que estime convenientes.
Estas modificaciones se considerarán como una demanda nueva para los efectos de su notificación, y sólo desde la fecha en que esta diligencia se practique correrá el término para contestar la primitiva demanda.
NOTIFICACIONES
Notificaciones: Son aquellas actuaciones judiciales efectuadas en la forma que establece la ley, cuya finalidad esencial es dar eficacia a las resoluciones judiciales y comunicar estas a las partes o a terceros.
Notificación Propiamente Tal: Es la puesta en conocimiento a las partes o a terceros, de la dictación de una resolución, con el fin qué esta produzca efectos legales.
Art. 38 (41). Las resoluciones judiciales sólo producen efecto en virtud de notificación hecha con arreglo a la ley, salvo los casos expresamente exceptuados por ella.
Art. 39 (42). Para la validez de la notificación no se requiere el consentimiento del notificado.
Art. 40 (43). En toda gestión judicial, la primera notificación a las partes o personas a quienes hayan de afectar sus resultados, deberá hacérseles personalmente, entregándoseles copia íntegra de la resolución y de la solicitud en que haya recaído, cuando sea escrita.
Esta notificación se hará al actor en la forma establecida en el artículo 50.
Si bien no existe disposición constitucional que contemple el derecho de acción expresamente, sí se encuentra amparado implícitamente en los arts. 19 N°3 y N°14 y 73. La primera disposición consagra la garantía de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, la cual evidentemente incluye el derecho de acción procesal. Como toda sentencia debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y teniendo presente que la tramitación necesariamente debe comprender la fase de conocimiento, es evidente que para que ésta exista es necesario que una acción active la jurisdicción del tribunal.
Además, la Carta Magna contempla muchas acciones específicas, como la de reclamación de nacionalidad, de indemnización por error judicial, de reclamación de legalidad del acto expropiatorio, de protección, de amparo, etc.
B)Ámbito meramente legal:
La disposición básica es la contenida en el art. 254 del CPC, que establece los requisitos de la demanda civil en juicio ordinario, normas que, como sabemos, son de aplicación supletoria para muchos otros procedimientos (art. 3 CPC). En materia penal, la situación varía un poco, puesto que tratándose de delitos de acción pública la acción puede deducirse por varios medios. En el procedimiento antiguo son la querella, la denuncia hecha directamente al tribunal y el requerimiento de la fiscalía judicial. En el nuevo proceso penal sólo se conservan como formas de ejercer la acción penal pública la querella y el requerimiento del Ministerio Público.
DONDE ENTABLO LA ACCION
CONCEPTO DE COMPETENCIA.
La competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones.
El Estado requiere contar con un número variable de tribunales de justicia. Hay necesidades tanto de carácter territorial, tanto de la especialidad de los tribunales. Por eso tenemos tribunales distribuidos a todo lo largo del país y tribunales especiales conforma a las materias de que se trate.
Integran el poder judicial como tribunales ordinarios los siguientes. Tribunales Art. 5 inc. 2 COT:
- La corte suprema
- Las cortes de apelaciones
- Los presidentes y ministros de cortes
- Los tribunales de juicio oral en lo penal
- Los juzgados de letras
- Los juzgados de garantía
Forman parte del poder judicial como tribunales especiales:
- Los juzgados de familia
- Los juzgados de letras del trabajo
- Los juzgados de cobranza laboral y previsional
- Los tribunales militares en tiempos de paz
- Los demás tribunales que las leyes especiales contemplen
2.- Los Presupuestos Procesales:
Para que el proceso pueda existir validamente es necesario que se cumpla con ciertos requisitos; que existan ciertos elementos a los cuales la doctrina ha denominado presupuestos procesales y que ha clasificado en presupuestos de existencia y de validez.
A.- Presupuestos de existencia:
a) La existencia de un órgano jurisdiccional o tribunal;
b) La presencia física de las partes y
c) El conflicto de intereses de relevancia jurídica. La falta de cualquiera de los presupuestos antes indicados trae como consecuencia la inexistencia del proceso, en forma tal que las actuaciones que se hayan practicado en él carecerán de todo valor, incluyendo la sentencia definitiva.
B.- Presupuestos de validez son:
a) La existencia de un tribunal competente;
b) La capacidad de las partes y
c) El cumplimiento de las formalidades legales o normas de procedimiento que la ley establece para los diferentes casos.
3.- Las Formalidades Legales o Normas de Procedimiento.
Propiamente nos referiremos a este presupuesto procesal de validez al tratar la forma como la ley regula los diferentes procedimientos tanto civiles como criminales; en esta parte sólo señalaremos los principios jurídico-procesales en los cuales se fundan dichas normas de procedimiento.
DEMANDA: MANERA DE HACER EFECTIVA LA ACCION.
REQUISITOS
Art. 254 Código Procedimiento Civil. La demanda debe contener:
1.- La designación del tribunal ante quien se entabla;
2.- El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante y de las personas que lo representen, y la naturaleza de la representación;
3.- El nombre, domicilio y profesión u oficio del demandado;
4.- La exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho en que se apoya; y
5.- La enunciación precisa y clara, consignada en la conclusión de las peticiones que se sometan al fallo del tribunal.
Art. 256. Puede el juez de oficio no dar curso a la demanda que no contenga las indicaciones ordenadas en los tres primeros números del artículo 254, expresando el defecto de que adolece.
Art. 257 (254). Admitida la demanda, se conferirá traslado de ella al demandado para que la conteste.
Art. 258. El término de emplazamiento para contestar la demanda será de quince días si el demandado es notificado en la comuna donde funciona el tribunal.
Se aumentará este término en tres días más si el demandado se encuentra en el mismo territorio jurisdiccional pero fuera de los límites de la comuna que sirva de asiento al tribunal.
Art. 261 (258). Notificada la demanda a cualquiera de los demandados y antes de la contestación, podrá el demandante hacer en ella las ampliaciones o rectificaciones que estime convenientes.
Estas modificaciones se considerarán como una demanda nueva para los efectos de su notificación, y sólo desde la fecha en que esta diligencia se practique correrá el término para contestar la primitiva demanda.
NOTIFICACIONES
Notificaciones: Son aquellas actuaciones judiciales efectuadas en la forma que establece la ley, cuya finalidad esencial es dar eficacia a las resoluciones judiciales y comunicar estas a las partes o a terceros.
Notificación Propiamente Tal: Es la puesta en conocimiento a las partes o a terceros, de la dictación de una resolución, con el fin qué esta produzca efectos legales.
Art. 38 (41). Las resoluciones judiciales sólo producen efecto en virtud de notificación hecha con arreglo a la ley, salvo los casos expresamente exceptuados por ella.
Art. 39 (42). Para la validez de la notificación no se requiere el consentimiento del notificado.
Art. 40 (43). En toda gestión judicial, la primera notificación a las partes o personas a quienes hayan de afectar sus resultados, deberá hacérseles personalmente, entregándoseles copia íntegra de la resolución y de la solicitud en que haya recaído, cuando sea escrita.
Esta notificación se hará al actor en la forma establecida en el artículo 50.
miércoles, 24 de junio de 2009
¿QUÉ ES LA PLANIFICACIÓN?
Es una herramienta útil en muchos campos. Permite superar la improvisación, reducir la incertidumbre y organizarse con los recursos que se tienen para lograr los objetivos deseados. Permite alcanzar mejores resultados, ahorrando dinero, tiempo y esfuerzo. Planificar es prever y decidir hoy las acciones que pueden llevar a la institución desde el presente hasta un futuro deseable.
La planificación estratégica debe ser entendida como un proceso participativo, que no va a resolver todas las incertidumbres, pero que permitirá trazar una línea de propósitos para actuar en consecuencia. El proceso de planificación, así entendido, debe comprometer a la mayoría de los miembros de la institución.
¿Qué es una estratégia?
Históricamente el concepto de estrategia ha estado ligado a la dirección de operaciones militares destinadas a lograr objetivos preestablecidos. Obviamente en este caso se la relaciona, más bien, con un conjunto de decisiones y criterios por los cuales una institución se orienta hacia la obtención de determinados objetivos.
¿Qué es, entonces, planificación estratégica?
El concepto de planificación estratégica está referido principalmente a la capacidad de observación y anticipación frente a desafíos y oportunidades que se generan, tanto de las condiciones externas a una organización, como de su realidad interna.
La planificación estratégica no es una enumeración de acciones y programas, detallados en costos y tiempos, sino que involucra la capacidad de determinar un objetivo, asociar recursos y acciones destinados a acercarse a él y examinar los resultados y las consecuencias de esas decisiones, teniendo como referencia el logro de metas predefinidas.
La planificación estratégica tampoco es un recetario, ni constituye la solución a todos los problemas o preocupaciones de una institución. Sin embargo podemos describir el proceso de planificación estratégica como el desarrollo de una visión para el futuro.
La visión de futuro de la institución
En principio esta visión de futuro debe contemplar dos aspectos:
1 Describir lo que la institución debería ser en el futuro, usualmente dentro de los próximos 2 a 3 años. Esto implica fortalecer su misión, definir el tipo de administración ideal, los recursos necesarios, etc.
2 Determinar cómo se logrará que la institución alcance ese futuro deseado.
La planificación estratégica se convierte, de este modo, en una carta de navegación sobre el curso que se estime más apropiado para la institución.
¿Por qué desarrollar un plan estratégico en la institución?
Porque produce beneficios relacionados con la capacidad de realizar una gestión más eficiente, liberando recursos humanos y materiales. Esto redunda en eficiencia productiva y en una mejor calidad de vida y trabajo para los miembros de la institución.
Muchos estudios han demostrado consistentemente que establecer una visión, fortalecer la misión, planificar y determinar objetivos, influye positivamente en el desempeño de una institución. Planificar estratégicamente permite pensar en el futuro, visualizar nuevas oportunidades y amenazas, enfocar la misión de la organización y orientar de manera efectiva el rumbo de ella, facilitando una acción innovativa de dirección y liderazgo.
En el caso de las instituciones públicas
Las instituciones públicas enfrentan una variedad de problemas que resultan difíciles de resolver por separado. Entre otros, están generalmente sujetas a restricciones presupuestarias, lo que implica tomar decisiones para privilegiar unas líneas de acción sobre otras, buscar formas de financiamiento anexo, reducir gastos, reordenar procesos, etc.
La planificación estratégica es una manera intencional y coordinada de enfrentar la mayoría de esos problemas críticos, intentando resolverlos en su conjunto y proporcionando un marco útil para afrontar decisiones, anticipando e identificando nuevas demandas.
Una buena planificación exige conocer más la organización, mejorar la comunicación y coordinación entre los distintos niveles y programas, mejorar las habilidades de administración, entre otras.
En la actualidad, es fácil ver que en los países desarrollados, y también en Chile, muchas instituciones y servicios públicos tienden a desarrollar normalmente planes estratégicos, lo que poco a poco se constituye en la forma habitual de identificar el futuro deseado, emprender acciones, monitorear el progreso y tomar medidas basadas en las condiciones cambiantes. Muchas organizaciones constituyen equipos para desarrollar sus planes estratégicos. El equipo de trabajo es un espacio que permite generar y maximizar las competencias funcionarias, la colaboración y el respeto, así como las normas que se desea promover en la organización.
Las etapas de la planificación estratégica
1 Formulación de objetivos.
2 Diagnóstico o análisis organizacional.
3 Formulación de estrategias.
4 Definición de actividades.
5 Definición de responsables.
6 Definición del lugar donde se realizará cada actividad.
7 Tiempo.
8 Recursos.
9 Ejecución de actividades.
10 Seguimiento y evaluación.
Esta última etapa es muy importante ya que los resultados obtenidos de una evaluación siempre enriquecen y permiten retroalimentar una próxima planificación. En ella deberán tenerse presente los aspectos positivos y negativos que se midieron.
La planificación estratégica debe ser entendida como un proceso participativo, que no va a resolver todas las incertidumbres, pero que permitirá trazar una línea de propósitos para actuar en consecuencia. El proceso de planificación, así entendido, debe comprometer a la mayoría de los miembros de la institución.
¿Qué es una estratégia?
Históricamente el concepto de estrategia ha estado ligado a la dirección de operaciones militares destinadas a lograr objetivos preestablecidos. Obviamente en este caso se la relaciona, más bien, con un conjunto de decisiones y criterios por los cuales una institución se orienta hacia la obtención de determinados objetivos.
¿Qué es, entonces, planificación estratégica?
El concepto de planificación estratégica está referido principalmente a la capacidad de observación y anticipación frente a desafíos y oportunidades que se generan, tanto de las condiciones externas a una organización, como de su realidad interna.
La planificación estratégica no es una enumeración de acciones y programas, detallados en costos y tiempos, sino que involucra la capacidad de determinar un objetivo, asociar recursos y acciones destinados a acercarse a él y examinar los resultados y las consecuencias de esas decisiones, teniendo como referencia el logro de metas predefinidas.
La planificación estratégica tampoco es un recetario, ni constituye la solución a todos los problemas o preocupaciones de una institución. Sin embargo podemos describir el proceso de planificación estratégica como el desarrollo de una visión para el futuro.
La visión de futuro de la institución
En principio esta visión de futuro debe contemplar dos aspectos:
1 Describir lo que la institución debería ser en el futuro, usualmente dentro de los próximos 2 a 3 años. Esto implica fortalecer su misión, definir el tipo de administración ideal, los recursos necesarios, etc.
2 Determinar cómo se logrará que la institución alcance ese futuro deseado.
La planificación estratégica se convierte, de este modo, en una carta de navegación sobre el curso que se estime más apropiado para la institución.
¿Por qué desarrollar un plan estratégico en la institución?
Porque produce beneficios relacionados con la capacidad de realizar una gestión más eficiente, liberando recursos humanos y materiales. Esto redunda en eficiencia productiva y en una mejor calidad de vida y trabajo para los miembros de la institución.
Muchos estudios han demostrado consistentemente que establecer una visión, fortalecer la misión, planificar y determinar objetivos, influye positivamente en el desempeño de una institución. Planificar estratégicamente permite pensar en el futuro, visualizar nuevas oportunidades y amenazas, enfocar la misión de la organización y orientar de manera efectiva el rumbo de ella, facilitando una acción innovativa de dirección y liderazgo.
En el caso de las instituciones públicas
Las instituciones públicas enfrentan una variedad de problemas que resultan difíciles de resolver por separado. Entre otros, están generalmente sujetas a restricciones presupuestarias, lo que implica tomar decisiones para privilegiar unas líneas de acción sobre otras, buscar formas de financiamiento anexo, reducir gastos, reordenar procesos, etc.
La planificación estratégica es una manera intencional y coordinada de enfrentar la mayoría de esos problemas críticos, intentando resolverlos en su conjunto y proporcionando un marco útil para afrontar decisiones, anticipando e identificando nuevas demandas.
Una buena planificación exige conocer más la organización, mejorar la comunicación y coordinación entre los distintos niveles y programas, mejorar las habilidades de administración, entre otras.
En la actualidad, es fácil ver que en los países desarrollados, y también en Chile, muchas instituciones y servicios públicos tienden a desarrollar normalmente planes estratégicos, lo que poco a poco se constituye en la forma habitual de identificar el futuro deseado, emprender acciones, monitorear el progreso y tomar medidas basadas en las condiciones cambiantes. Muchas organizaciones constituyen equipos para desarrollar sus planes estratégicos. El equipo de trabajo es un espacio que permite generar y maximizar las competencias funcionarias, la colaboración y el respeto, así como las normas que se desea promover en la organización.
Las etapas de la planificación estratégica
1 Formulación de objetivos.
2 Diagnóstico o análisis organizacional.
3 Formulación de estrategias.
4 Definición de actividades.
5 Definición de responsables.
6 Definición del lugar donde se realizará cada actividad.
7 Tiempo.
8 Recursos.
9 Ejecución de actividades.
10 Seguimiento y evaluación.
Esta última etapa es muy importante ya que los resultados obtenidos de una evaluación siempre enriquecen y permiten retroalimentar una próxima planificación. En ella deberán tenerse presente los aspectos positivos y negativos que se midieron.
¿QUÉ ES LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA?
La planificación estratégica como un proceso de reflexión y discusión que nos ayuda a contestar tres preguntas fundamentales:
¿Dónde estamos?
¿Adónde queremos llegar?
¿Cómo podemos llegar?
Contestar estas preguntas hará posible sentar las bases para establecer la misión, las metas y los objetivos.
De lo contrario, el Instituto se arriesga a enfrentar el día a día sin que medie un proceso de reflexión y evaluación que nos permita determinar si las gestiones que nos ocupan son compatibles o no con los objetivos trazados y los recursos disponibles para su desarrollo.
La contestación a estas tres preguntas debe ser el producto de un proceso de discusión colectiva que propicie la identificación de posibles conflictos, pero también de visiones comunes que permitan la construcción de consensos. Contestar estas preguntas de forma participativa y colectiva hará posible sentar las bases para establecer la misión, las metas y los objetivos de la investigación y de los programas académicos que se quieren realizar a través del Instituto. De lo contrario, el Instituto se arriesga a enfrentar el día a día sin que medie un proceso de reflexión y evaluación que nos permita determinar si las gestiones que nos ocupan son compatibles o no con los objetivos trazados y los recursos disponibles para su desarrollo.
¿EN QUÉ ETAPA ESTAMOS ACTUALMENTE?
Planificación Estratégica
Resumen:
El ser humano está permanentemente obligado a tomar decisiones. En el plano personal como profesional, su éxito está determinado en parte por sus aciertos o desaciertos. Las organizaciones, como agrupaciones humanas, no escapan a este proceso.
Conducir bien una organización supone decidir correctamente. Pero la decisión en sí misma es producto de un proceso de reflexión que involucra diversas actividades. Esta reflexión sistemática, ordenada, abarca lo que conocemos como planificación. Entendida así la planificación constituye una herramienta metodológica e instrumental que contribuye a mejorar la calidad de las decisiones. Ahora bien, la estrategia es, en sentido amplio, la filosofía que desde el sistema político se transmite a toda organización, utilizando el pensamiento estratégico, que combina el análisis con la intuición y la creación.
Así podemos decir que la planificación estratégica dentro de una organización es la herramienta de administración que permite a los ejecutivos enfrentar los negocios de mañana mediante el desarrollo de nuevas aptitudes y procedimientos. Además aporta a la empresa muchas otras cosas valiosas, sin embargo, la más importante es desarrollar la capacidad para enfrentar el cambio (el cambio de los negocios de hoy a los de mañana).
Después de lo investigado podría decirse que este método consta esencialmente de las siguientes actividades:
1) Objetivos (referente a cuales son los objetivos o fines que se persiguen).
2) Formulación de estrategias (Que es un proceso de decisiones secuénciales que indica la guía de acción para conseguir los objetivos de la organización).
3) Proceso de implementación (Cuando se implementa una estrategia es fundamental concebir una estructura organizacional y un sistema de rutinas y prácticas administrativas adecuadas).
4) Proceso de evaluación estratégica (Es aquella fase en que los altos ejecutivos determinan si su elección estratégica, tal como se ha implementado, está alcanzando los objetivos que la empresa se ha prefijado).
En definitiva, podemos decir que la planificación estratégica es un método para desarrollar las aptitudes y procedimientos necesarios para la eficaz administración de los negocios futuros, permitiendo así el camino óptimo que va de los negocios de hoy a los de mañana.
GLOSARIO
Problema: Un problema constituye una determinada realidad cuyos resultados son insatisfactorios para un decisor específico en un momento dado. Para su análisis es necesario primero la identificación del problema, selección de problemas según su prioridad, identificación de los decisores involucrados y causa y consecuencias de el.
Objetivos: Son las metas o fines por los cuales se lucha. Se caracterizan por ser razonables y deseables.
Plan: Puede ser definido como el conjunto de propuestas de acción que el decisor considera necesario ejecutar para enfrentar los problemas que considera importantes para su gestión. El diseño del plan pasa por la definición de objetivos y diseño de propuestas de acción.
Planificación: Corresponde a la reflexión sistemática, ordenada, de las diversas actividades que debe considerarse para el decisor.
Estrategia según Chandler: Es la determinación de metas y objetivos básicos de largo plazo de la empresa, junto con la adopción de los recursos de accióny la signación de los recursos para alcanzarlos.
Estrategia según Drucker: La estrategia de la organización es la respuesta a dos preguntas: ¿Cuál es nuestro negocio? y ¿cual debería ser?
Estartegia según Andrews: Es el patrón de los objetvos y metas de la empresa y de las políticas y planes esenciales para lograrlos, definiendo en qué clase de negocios está o quiere estar la empresa, y qué clase de empresa es o quiere ser.
Estrategia según Ansoff: Es el lazo común entre las actividades de la organización y las relaciones producto-mercado, que define la naturaleza esencial de los negocios en que actúa la organización y los negocios que prevée para el futuro. Este autor enumeró cuatro componentes de la estrategia:
a) Ámbito producto-mercado: Los productos y los mercados en que se actúa la empresa;
b) Un vector de crecimiento: Los cambios que la empresa planea realizar en el ámbito producto-mercado.
c) Ventajas competitivas: Las principales características de la empresa que le otorgen poder competitivo en cada posición producto-mercado.
d) Sinergia: Como medida del potencial de acción conjunta; es la aptitud de una empresa para emprender exitosamente una nueva actividad.
Viabilidad: Dícese del asunto que tiene probabilidades de poderse llevar a cabo.
Evaluación de proyectos: Existe una gran diferencia, entre lo que es hoy la empresa y lo que será si se cumplen los objetivos. Esta diferencia, debe vencerse mediante nuevos proyectos, los que deben ser escogidos con un esfuerzo renovador, nuevos productos, adquisiciones y ampliaciones. Todos estos proyectos nuevos imponen exigencias diferentes a los recursos de la empresa. Todos ellos conllevan diferentes riesgos y recompensas probables. Evaluar y escoger las mejores proposiciones de nuevos proyectos es una de las últimas etapas de la planificación estratégica.
Decisor: Generalmente el decisor es un gerente o dirigente. Se caracteriza por ser quien toma las desiciones.
Nivel corporativo: Se puede asociar a las personas que poseen una visión amplia de los diferentes negocios en los que participa la firma (directorio o dueño).
Unidad estratégica de negocios (U.E.N.): Son las que identifican los negocios con que la firma está relacionada. Se puede relacionar con un rubro específico de los que la firma posee, se puede pensar en los ejecutivos que gestionan ese negocio.
Nivel funcional: Que tiene que una visión operativa del negocio de la firma.
La visión de la firma: Filosofía corporativa, misión de la firma, identificación de sus U.E.N. y sus interacciones.
Postura estratégica y guías de la planificación: Aquí corresponden las tareas estratégicas corporativas, objetivos de rendimiento corporativo, y desafíos corporativos.
Misión del negocio: Enfoque de negocios, e identificación de segmentos de productos-mercados.
Formulación de la estrategia funcional: Que corresponde a la participación en la planificación de negocios, coincidencia o no con los objetivos de la planificación de negocios.
Política: Conjunto de acciones a seguir frente a determinadas circunstancias.
MODELOS ESTUDIADOS POR DIFERENTES AUTORES
Modelo de la tesis planificación estratégica:
Juan Acuña Gerken y Claudio Rojas Luco
La tesis esta enfocada a la empresa elaborando un procedimiento con el cual la empresa pueda disminuir en forma atrayente los riesgos y las amenazas que se presentan en su camino. Para este objetivo han recolectado bastante información sobre el tema de las más variadas y diversas fuentes, tales como, textos de estudios, publicaciones, revistas y artículos, formando con ello un gran respaldo bibliográfico. Toda esta información se agrupó en torno a cinco consideraciones básicas para el análisis de las empresas: Analizar el presente, predecir el futuro, fijar objetivos, evaluar programas y analizar la marcha del plan.
Para esto el trabajo presenta una secuencia de pasos a seguir, junto con las indicaciones correspondientes para llevarlos a cabo, los cuales tienen la flexibilidad para adaptarse a la más variadas empresas. Y finalmente, una vez que se han completado todos los pasos se entregan elementos de análisis para que en base a los resultados, se defina hacia donde se quiere ir y los caminos para lograrlo.
Este trabajo es muy interactivo puesto que hay muchos cuestionarios para determinar el estado, objetivo, y camino de la empresa.
Modelo de la tesis Enfoque práctico de planificación estratégica:
aplicación a una empresa de servicios.
Marco Viteri, Italo Ozzano
Podría decirse que el objetivo fundamental de este trabajo es de crear en los ejecutivos de la empresa una mentalidad orientada hacia la toma de decisiones en el mediano y largo plazo, teniendo en cuenta las variables internas a la organización y de mercado, para ello también se presenta una aplicación de esta mentalidad.
La metodología que se utiliza en este trabajo fue obtenida de apuntes y escritos de George S. Day y de la empresa consultora APOR Ltda. que básicamente es el siguiente:
El punto de partida para el análisis es separar la empresa en un nivel superior, corporativo; y un nivel inferior, de unidades estratégica de negocio. La planificación estratégica para la primera se llama planificación normativa; y para la segunda planificación de estrategias funcionales de apoyo.
La planificación normativa está constituida de a lo menos tres etapas: visión (Es el sueño que la empresa quiere lograr); misión ( define el marco en que la empresa va a operar), y; estrategias globales (que constituyen el camino mediante el cual se intentará lograr su sueño).
A nivel de unidad estratégica de negocio el proceso tiene como propósito la formulación de las estrategias funcionales de apoyo. Previamente se tendrá que establecer los objetivos que la unidad estratégica de apoyo debe perseguir, luego definir el negocio, y establecer el empuje estratégico de éste.
Modelo tesis planificación estratégica:
aplicación a una empresa manufacturera
Ricardo Alves y Pablo Zordan
El objetivo principal de este trabajo es de aplicar una metodología de planificación estratégica en una empresa del sector manufacturero, considerando las características propias de su organización y cultura.
La estructura básica conceptual en que estuvo esta aplicación , es la desarrollada por Arnoldo C. Hax y Nicolás Majluf. Esta metodología está orientada a tomar parte en la interrelación entre la organización y su medio ambiente. Así la esencia de la planificación estratégica es proveer, a la organización en general y a cada uno de sus componentes, de directrices que permitan su evolución ordenada y orientada a los objetivos de la empresa. Dicha planificación sería la de identificar y analizar un conjunto de tareas bien estructuradas (distinguiéndose la estructura interna de la firma, estructura del medio ambiente de la firma, y composición de las unidades estratégicas de negocio, que identifican los negocios con que la firma esté relacionada), unificación de los objetivos dentro de la organización , su alcance, dentro de un programa preestablecido.
Modelo Planificación estratégica por problemas:
Un enfoque participativo Flavio Carucci T.
Este libro proviene de un seminario hecho en Caracas en Julio de 1993. Tiene como finalidad introducir la comprensión y manejo de algunos conceptos, métodos e instrumentos básicos de este tipo de planificación.
Se fundamenta en el análisis riguroso de los problemas que afectan al decisor y en la evaluación de los factores o variables que puedan afectar la viabilidad de las decisiones tendentes a su solución. En este proceso intervienen activa y creativamente diferentes niveles o miembros de una organización o distintas organizaciones las cuales se reúnen para analizar problemas de interés común. Por esta razón recibe el nombre de enfoque participativo. Dicha planificación en este libro viene determinada por:
1) Identificación, priorización y explicación de problemas relevantes a la gestión.
2) Diseño de objetivos, metas y propuestas de acción: El diseño de planes.
3) Análisis de viabilidad de las propuestas de acción (identificación y evaluación de restricciones; Propuestas para la creación de viabilidad).
4) Toma de decisiones y ejecución de acciones.
5) Evaluación del impacto de las decisiones y corrección de planes.
Modelo El concepto de estrategia de la empresa
Kenneth R. Andrews
Este autor expone un modelo del proceso de dirección, el cual se caracteriza por su generalidad, refiriéndose en este término a cualquier situación donde sea precisa la acción. Esta fundamentalmente dedicado a aquellos que dirigen las empresas o corporaciones. Su modelo se refiere a la elección de objetivos, al perfil exterior, a la capacidad organizativa, y a ella corresponde la definición de lo que debe hacerse, y la movilización de los recursos para el logro de las metas. Junto al concepto de estrategia merece destacarse, asimismo el sub-concepto de los factores que la determinan: El análisis de oportunidades y peligros, fortalezas y debilidades, valores personales y responsabilidades sociales (como por ejemplo la contaminación).
Aplicación en CHILE
En nuestro país, la planificación estratégica es un hecho en prácticamente todas las empresas. Los resultados de dicha mentalidad varían según el tipo de plan o estrategia implementada por la empresa.
La globalización de los mercados, el constante aumento de las exigencias de los demandantes y los mercados destinos de los productos, hacen tener un acabado conocimiento de las debilidades y fortalezas que posee la organización en estudio, así como las amenazas y oportunidades que se le puedan presentar, incluyendo los riesgos asociados.
Así planificarse en el futuro es una herramienta fundamental para la conservación de la organización.
A continuación he analizado en forma relámpago, lo que está haciendo la Compañía Minera Disputada de las Condes (filial de EXXON) referente a los planes tomados para mejorar la producción.
La Compañía recién nombrada es una de las empresas líderes en la producción de Cobre. El cobre, con la crisis asiática, ha experimentado un descenso muy fuerte lo cual ha provocado que muchas empresas del rubro hallan dado por termino sus faenas. Esta empresa minera previendo el futuro ha diseñado un plan muy novedoso. Debido a que la implementación tecnológica es un hecho en mencionada empresa, se ha incorporado ciertos cursos y planes colectivos para cambiar la mentalidad del trabajador.
Mediante este sistema de gestión, y ante la necesidad de aumentar la productividad y competitividad de la empresa, a partir de 1980 Disputada tomó la decisión de involucrar a los sindicatos de trabajadores como agentes de cambio. De esta forma, se inicia la transformación de una relación tradicionalmente antagónica, en una basada en la cooperación y orientada al logro de objetivos y beneficios comunes (alianza estratégica).
Así todo trabajador participa activamente (comprometido), al interior de su equipo, en la mejora de su proceso para el logro de las metas propuestas. A la vez se busca profundizar un ambiente armónico y productivo de relaciones laborales y obtener el máximo beneficio en la denominada alianza estratégica.
Así Disputada de las Condes ha implementado este plan con excelentes resultados que se reflejan en mayor productividad y en el reconocimiento tanto de otras empresas como del gobierno.
Es así que el presidente de la república Eduardo Frei Ruiz-Tagle declara en mayo de 1997, referente a los planes tomados por la empresa mencionando lo siguiente:
"Encontrar una empresa en que se trabaja con tres pilares muy fundamentales: una alianza estratégica con sus trabajadores, su preocupación real por la seguridad y por el medio ambiente, es un ejemplo que ustedes dan, y es bueno que el país lo conozca, ya que debiera ser imitado por muchas empresas.
A través de la alianza estratégica, se avanza en los temas de productividad, competitividad y, en definitiva, también se mejoran las remuneraciones, y por ende la calidad de vida de los trabajadores y de los profesionales de esta empresa".
¿Dónde estamos?
¿Adónde queremos llegar?
¿Cómo podemos llegar?
Contestar estas preguntas hará posible sentar las bases para establecer la misión, las metas y los objetivos.
De lo contrario, el Instituto se arriesga a enfrentar el día a día sin que medie un proceso de reflexión y evaluación que nos permita determinar si las gestiones que nos ocupan son compatibles o no con los objetivos trazados y los recursos disponibles para su desarrollo.
La contestación a estas tres preguntas debe ser el producto de un proceso de discusión colectiva que propicie la identificación de posibles conflictos, pero también de visiones comunes que permitan la construcción de consensos. Contestar estas preguntas de forma participativa y colectiva hará posible sentar las bases para establecer la misión, las metas y los objetivos de la investigación y de los programas académicos que se quieren realizar a través del Instituto. De lo contrario, el Instituto se arriesga a enfrentar el día a día sin que medie un proceso de reflexión y evaluación que nos permita determinar si las gestiones que nos ocupan son compatibles o no con los objetivos trazados y los recursos disponibles para su desarrollo.
¿EN QUÉ ETAPA ESTAMOS ACTUALMENTE?
Planificación Estratégica
Resumen:
El ser humano está permanentemente obligado a tomar decisiones. En el plano personal como profesional, su éxito está determinado en parte por sus aciertos o desaciertos. Las organizaciones, como agrupaciones humanas, no escapan a este proceso.
Conducir bien una organización supone decidir correctamente. Pero la decisión en sí misma es producto de un proceso de reflexión que involucra diversas actividades. Esta reflexión sistemática, ordenada, abarca lo que conocemos como planificación. Entendida así la planificación constituye una herramienta metodológica e instrumental que contribuye a mejorar la calidad de las decisiones. Ahora bien, la estrategia es, en sentido amplio, la filosofía que desde el sistema político se transmite a toda organización, utilizando el pensamiento estratégico, que combina el análisis con la intuición y la creación.
Así podemos decir que la planificación estratégica dentro de una organización es la herramienta de administración que permite a los ejecutivos enfrentar los negocios de mañana mediante el desarrollo de nuevas aptitudes y procedimientos. Además aporta a la empresa muchas otras cosas valiosas, sin embargo, la más importante es desarrollar la capacidad para enfrentar el cambio (el cambio de los negocios de hoy a los de mañana).
Después de lo investigado podría decirse que este método consta esencialmente de las siguientes actividades:
1) Objetivos (referente a cuales son los objetivos o fines que se persiguen).
2) Formulación de estrategias (Que es un proceso de decisiones secuénciales que indica la guía de acción para conseguir los objetivos de la organización).
3) Proceso de implementación (Cuando se implementa una estrategia es fundamental concebir una estructura organizacional y un sistema de rutinas y prácticas administrativas adecuadas).
4) Proceso de evaluación estratégica (Es aquella fase en que los altos ejecutivos determinan si su elección estratégica, tal como se ha implementado, está alcanzando los objetivos que la empresa se ha prefijado).
En definitiva, podemos decir que la planificación estratégica es un método para desarrollar las aptitudes y procedimientos necesarios para la eficaz administración de los negocios futuros, permitiendo así el camino óptimo que va de los negocios de hoy a los de mañana.
GLOSARIO
Problema: Un problema constituye una determinada realidad cuyos resultados son insatisfactorios para un decisor específico en un momento dado. Para su análisis es necesario primero la identificación del problema, selección de problemas según su prioridad, identificación de los decisores involucrados y causa y consecuencias de el.
Objetivos: Son las metas o fines por los cuales se lucha. Se caracterizan por ser razonables y deseables.
Plan: Puede ser definido como el conjunto de propuestas de acción que el decisor considera necesario ejecutar para enfrentar los problemas que considera importantes para su gestión. El diseño del plan pasa por la definición de objetivos y diseño de propuestas de acción.
Planificación: Corresponde a la reflexión sistemática, ordenada, de las diversas actividades que debe considerarse para el decisor.
Estrategia según Chandler: Es la determinación de metas y objetivos básicos de largo plazo de la empresa, junto con la adopción de los recursos de accióny la signación de los recursos para alcanzarlos.
Estrategia según Drucker: La estrategia de la organización es la respuesta a dos preguntas: ¿Cuál es nuestro negocio? y ¿cual debería ser?
Estartegia según Andrews: Es el patrón de los objetvos y metas de la empresa y de las políticas y planes esenciales para lograrlos, definiendo en qué clase de negocios está o quiere estar la empresa, y qué clase de empresa es o quiere ser.
Estrategia según Ansoff: Es el lazo común entre las actividades de la organización y las relaciones producto-mercado, que define la naturaleza esencial de los negocios en que actúa la organización y los negocios que prevée para el futuro. Este autor enumeró cuatro componentes de la estrategia:
a) Ámbito producto-mercado: Los productos y los mercados en que se actúa la empresa;
b) Un vector de crecimiento: Los cambios que la empresa planea realizar en el ámbito producto-mercado.
c) Ventajas competitivas: Las principales características de la empresa que le otorgen poder competitivo en cada posición producto-mercado.
d) Sinergia: Como medida del potencial de acción conjunta; es la aptitud de una empresa para emprender exitosamente una nueva actividad.
Viabilidad: Dícese del asunto que tiene probabilidades de poderse llevar a cabo.
Evaluación de proyectos: Existe una gran diferencia, entre lo que es hoy la empresa y lo que será si se cumplen los objetivos. Esta diferencia, debe vencerse mediante nuevos proyectos, los que deben ser escogidos con un esfuerzo renovador, nuevos productos, adquisiciones y ampliaciones. Todos estos proyectos nuevos imponen exigencias diferentes a los recursos de la empresa. Todos ellos conllevan diferentes riesgos y recompensas probables. Evaluar y escoger las mejores proposiciones de nuevos proyectos es una de las últimas etapas de la planificación estratégica.
Decisor: Generalmente el decisor es un gerente o dirigente. Se caracteriza por ser quien toma las desiciones.
Nivel corporativo: Se puede asociar a las personas que poseen una visión amplia de los diferentes negocios en los que participa la firma (directorio o dueño).
Unidad estratégica de negocios (U.E.N.): Son las que identifican los negocios con que la firma está relacionada. Se puede relacionar con un rubro específico de los que la firma posee, se puede pensar en los ejecutivos que gestionan ese negocio.
Nivel funcional: Que tiene que una visión operativa del negocio de la firma.
La visión de la firma: Filosofía corporativa, misión de la firma, identificación de sus U.E.N. y sus interacciones.
Postura estratégica y guías de la planificación: Aquí corresponden las tareas estratégicas corporativas, objetivos de rendimiento corporativo, y desafíos corporativos.
Misión del negocio: Enfoque de negocios, e identificación de segmentos de productos-mercados.
Formulación de la estrategia funcional: Que corresponde a la participación en la planificación de negocios, coincidencia o no con los objetivos de la planificación de negocios.
Política: Conjunto de acciones a seguir frente a determinadas circunstancias.
MODELOS ESTUDIADOS POR DIFERENTES AUTORES
Modelo de la tesis planificación estratégica:
Juan Acuña Gerken y Claudio Rojas Luco
La tesis esta enfocada a la empresa elaborando un procedimiento con el cual la empresa pueda disminuir en forma atrayente los riesgos y las amenazas que se presentan en su camino. Para este objetivo han recolectado bastante información sobre el tema de las más variadas y diversas fuentes, tales como, textos de estudios, publicaciones, revistas y artículos, formando con ello un gran respaldo bibliográfico. Toda esta información se agrupó en torno a cinco consideraciones básicas para el análisis de las empresas: Analizar el presente, predecir el futuro, fijar objetivos, evaluar programas y analizar la marcha del plan.
Para esto el trabajo presenta una secuencia de pasos a seguir, junto con las indicaciones correspondientes para llevarlos a cabo, los cuales tienen la flexibilidad para adaptarse a la más variadas empresas. Y finalmente, una vez que se han completado todos los pasos se entregan elementos de análisis para que en base a los resultados, se defina hacia donde se quiere ir y los caminos para lograrlo.
Este trabajo es muy interactivo puesto que hay muchos cuestionarios para determinar el estado, objetivo, y camino de la empresa.
Modelo de la tesis Enfoque práctico de planificación estratégica:
aplicación a una empresa de servicios.
Marco Viteri, Italo Ozzano
Podría decirse que el objetivo fundamental de este trabajo es de crear en los ejecutivos de la empresa una mentalidad orientada hacia la toma de decisiones en el mediano y largo plazo, teniendo en cuenta las variables internas a la organización y de mercado, para ello también se presenta una aplicación de esta mentalidad.
La metodología que se utiliza en este trabajo fue obtenida de apuntes y escritos de George S. Day y de la empresa consultora APOR Ltda. que básicamente es el siguiente:
El punto de partida para el análisis es separar la empresa en un nivel superior, corporativo; y un nivel inferior, de unidades estratégica de negocio. La planificación estratégica para la primera se llama planificación normativa; y para la segunda planificación de estrategias funcionales de apoyo.
La planificación normativa está constituida de a lo menos tres etapas: visión (Es el sueño que la empresa quiere lograr); misión ( define el marco en que la empresa va a operar), y; estrategias globales (que constituyen el camino mediante el cual se intentará lograr su sueño).
A nivel de unidad estratégica de negocio el proceso tiene como propósito la formulación de las estrategias funcionales de apoyo. Previamente se tendrá que establecer los objetivos que la unidad estratégica de apoyo debe perseguir, luego definir el negocio, y establecer el empuje estratégico de éste.
Modelo tesis planificación estratégica:
aplicación a una empresa manufacturera
Ricardo Alves y Pablo Zordan
El objetivo principal de este trabajo es de aplicar una metodología de planificación estratégica en una empresa del sector manufacturero, considerando las características propias de su organización y cultura.
La estructura básica conceptual en que estuvo esta aplicación , es la desarrollada por Arnoldo C. Hax y Nicolás Majluf. Esta metodología está orientada a tomar parte en la interrelación entre la organización y su medio ambiente. Así la esencia de la planificación estratégica es proveer, a la organización en general y a cada uno de sus componentes, de directrices que permitan su evolución ordenada y orientada a los objetivos de la empresa. Dicha planificación sería la de identificar y analizar un conjunto de tareas bien estructuradas (distinguiéndose la estructura interna de la firma, estructura del medio ambiente de la firma, y composición de las unidades estratégicas de negocio, que identifican los negocios con que la firma esté relacionada), unificación de los objetivos dentro de la organización , su alcance, dentro de un programa preestablecido.
Modelo Planificación estratégica por problemas:
Un enfoque participativo Flavio Carucci T.
Este libro proviene de un seminario hecho en Caracas en Julio de 1993. Tiene como finalidad introducir la comprensión y manejo de algunos conceptos, métodos e instrumentos básicos de este tipo de planificación.
Se fundamenta en el análisis riguroso de los problemas que afectan al decisor y en la evaluación de los factores o variables que puedan afectar la viabilidad de las decisiones tendentes a su solución. En este proceso intervienen activa y creativamente diferentes niveles o miembros de una organización o distintas organizaciones las cuales se reúnen para analizar problemas de interés común. Por esta razón recibe el nombre de enfoque participativo. Dicha planificación en este libro viene determinada por:
1) Identificación, priorización y explicación de problemas relevantes a la gestión.
2) Diseño de objetivos, metas y propuestas de acción: El diseño de planes.
3) Análisis de viabilidad de las propuestas de acción (identificación y evaluación de restricciones; Propuestas para la creación de viabilidad).
4) Toma de decisiones y ejecución de acciones.
5) Evaluación del impacto de las decisiones y corrección de planes.
Modelo El concepto de estrategia de la empresa
Kenneth R. Andrews
Este autor expone un modelo del proceso de dirección, el cual se caracteriza por su generalidad, refiriéndose en este término a cualquier situación donde sea precisa la acción. Esta fundamentalmente dedicado a aquellos que dirigen las empresas o corporaciones. Su modelo se refiere a la elección de objetivos, al perfil exterior, a la capacidad organizativa, y a ella corresponde la definición de lo que debe hacerse, y la movilización de los recursos para el logro de las metas. Junto al concepto de estrategia merece destacarse, asimismo el sub-concepto de los factores que la determinan: El análisis de oportunidades y peligros, fortalezas y debilidades, valores personales y responsabilidades sociales (como por ejemplo la contaminación).
Aplicación en CHILE
En nuestro país, la planificación estratégica es un hecho en prácticamente todas las empresas. Los resultados de dicha mentalidad varían según el tipo de plan o estrategia implementada por la empresa.
La globalización de los mercados, el constante aumento de las exigencias de los demandantes y los mercados destinos de los productos, hacen tener un acabado conocimiento de las debilidades y fortalezas que posee la organización en estudio, así como las amenazas y oportunidades que se le puedan presentar, incluyendo los riesgos asociados.
Así planificarse en el futuro es una herramienta fundamental para la conservación de la organización.
A continuación he analizado en forma relámpago, lo que está haciendo la Compañía Minera Disputada de las Condes (filial de EXXON) referente a los planes tomados para mejorar la producción.
La Compañía recién nombrada es una de las empresas líderes en la producción de Cobre. El cobre, con la crisis asiática, ha experimentado un descenso muy fuerte lo cual ha provocado que muchas empresas del rubro hallan dado por termino sus faenas. Esta empresa minera previendo el futuro ha diseñado un plan muy novedoso. Debido a que la implementación tecnológica es un hecho en mencionada empresa, se ha incorporado ciertos cursos y planes colectivos para cambiar la mentalidad del trabajador.
Mediante este sistema de gestión, y ante la necesidad de aumentar la productividad y competitividad de la empresa, a partir de 1980 Disputada tomó la decisión de involucrar a los sindicatos de trabajadores como agentes de cambio. De esta forma, se inicia la transformación de una relación tradicionalmente antagónica, en una basada en la cooperación y orientada al logro de objetivos y beneficios comunes (alianza estratégica).
Así todo trabajador participa activamente (comprometido), al interior de su equipo, en la mejora de su proceso para el logro de las metas propuestas. A la vez se busca profundizar un ambiente armónico y productivo de relaciones laborales y obtener el máximo beneficio en la denominada alianza estratégica.
Así Disputada de las Condes ha implementado este plan con excelentes resultados que se reflejan en mayor productividad y en el reconocimiento tanto de otras empresas como del gobierno.
Es así que el presidente de la república Eduardo Frei Ruiz-Tagle declara en mayo de 1997, referente a los planes tomados por la empresa mencionando lo siguiente:
"Encontrar una empresa en que se trabaja con tres pilares muy fundamentales: una alianza estratégica con sus trabajadores, su preocupación real por la seguridad y por el medio ambiente, es un ejemplo que ustedes dan, y es bueno que el país lo conozca, ya que debiera ser imitado por muchas empresas.
A través de la alianza estratégica, se avanza en los temas de productividad, competitividad y, en definitiva, también se mejoran las remuneraciones, y por ende la calidad de vida de los trabajadores y de los profesionales de esta empresa".
lunes, 8 de junio de 2009
DIPLOMADO PECIS * UNIVERSIDAD ACADEMIA HUMANISMO CRISTIANO
EL PROGRAMA DE ECONOMÍA DEL TRABAJO junto a la UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO, como entidad acreditadora, invitan a participar en un DIPLOMADO cuyo objetivo apunta a “dar formación a trabajadores(as) y dirigentes(as) laborales y/o sindicales activos(as) en sus organizaciones, entregando una formación básica y sistemática en materias relacionadas con la realidad jurídica, económica, social y cultural, que responda a las necesidades actuales del movimiento sindical y laboral de Chile y de Latinoamérica; desarrollando en los dirigentes(as) las habilidades, estrategias y competencias para que sus organizaciones crezcan y se fortalezcan y generen un espacio de discusión y análisis como además la generación de propuestas que apunten a una sociedad justa equitativa y responsable”.
PROGRAMA ACADÉMICO
Distribuido en cinco bimestres con dos módulos en cada período.
1º bimestre: abril y mayo
• Historia de las Organizaciones de trabajadores en Chile y Latinoamérica
• Legislación laboral básica
2º bimestre: junio y julio
• Taller de comunicación para el desarrollo
• Legislación laboral procesal
3º bimestre: agosto y septiembre
• Seguridad Social
• Nociones básicas de Economía
4º bimestre: abril y mayo
• Planificación Estratégica para la Organización Sindical
• Taller Práctico de Negociación Colectiva
5º bimestre: abril y mayo
• Género y sindicalismo
• Responsabilidad Social Empresarial
Los cursos del Diplomado son dictados por profesionales y/o académicos del PET, de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, como también profesionales colaboradores externos, proporcionando apuntes y bibliografía especializada.
Se disponen de tres becas para los(as) alumnos(as) que postulen a dicho beneficio y que su situación económica así lo amerite.
METODOLOGÍA:
• Clases expositivas apoyadas con material didáctico y audiovisual.
• Trabajo de Taller
• Lectura Personal Guiada
• Desarrollo de Trabajos Individuales y colectivos
• Jornadas Evaluativas
• Los docentes, de acuerdo a cada módulo, entregaran apuntes de los principales contenidos.
PROGRAMA ACADÉMICO
Distribuido en cinco bimestres con dos módulos en cada período.
1º bimestre: abril y mayo
• Historia de las Organizaciones de trabajadores en Chile y Latinoamérica
• Legislación laboral básica
2º bimestre: junio y julio
• Taller de comunicación para el desarrollo
• Legislación laboral procesal
3º bimestre: agosto y septiembre
• Seguridad Social
• Nociones básicas de Economía
4º bimestre: abril y mayo
• Planificación Estratégica para la Organización Sindical
• Taller Práctico de Negociación Colectiva
5º bimestre: abril y mayo
• Género y sindicalismo
• Responsabilidad Social Empresarial
Los cursos del Diplomado son dictados por profesionales y/o académicos del PET, de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, como también profesionales colaboradores externos, proporcionando apuntes y bibliografía especializada.
Se disponen de tres becas para los(as) alumnos(as) que postulen a dicho beneficio y que su situación económica así lo amerite.
METODOLOGÍA:
• Clases expositivas apoyadas con material didáctico y audiovisual.
• Trabajo de Taller
• Lectura Personal Guiada
• Desarrollo de Trabajos Individuales y colectivos
• Jornadas Evaluativas
• Los docentes, de acuerdo a cada módulo, entregaran apuntes de los principales contenidos.
lunes, 25 de mayo de 2009
ESTRUCTURA ORGANICA DEL PODER JUDICIAL
• CORTE SUPREMA
• CORTE DE APELACIONES
• TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA
o Juzgados en Materia Penal
o Juzgados de Familia
o Juzgados de Cobranza Previsional
o Juzgados de Letras del Trabajo
o Juzgados de Letras
• TRIBUNALES MILITARES EN TIEMPOS DE PAZ
• CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
• ACADEMIA JUDICIAL
EL PODER JUDICIAL - ¿QUÉ ES EL PODER JUDICIAL?
Chile es una república democrática, al decir del artículo 4º de la Constitución Política. Rige un Estado de Derecho, en el cual las distintas funciones del Poder son realizadas por distintos órganos, independientes entre sí. Al Poder Judicial le está encomendada la facultad de administrar justicia, que está entregada a los Tribunales de Justicia, los cuales en su conjunto, y con contadas excepciones, conforman el Poder Judicial.
Una de las bases de nuestra institucionalidad es la Independencia del Poder Judicial, que está consagrada expresamente en el artículo 76 de nuestra Constitución Política de la República, al disponer que “La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos.” Pero, así como los tribunales de justicia son independientes en el ejercicio de sus funciones, están obligados a respetar, desde luego, la independencia y atribuciones de los demás poderes públicos. Este principio lo consagra el Código Orgánico de Tribunales, al prohibir al Poder Judicial mezclarse en las atribuciones de otros poderes públicos.
Además, los tribunales están dotados de la facultad de imperio para hacer cumplir sus resoluciones, facultad que consagra expresamente el mismo artículo 76, cuando dispone que “Para hacer ejecutar sus resoluciones, y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que determine la ley, los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el Poder Judicial, podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren. Los demás tribunales lo harán en la forma que la ley determine.” La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite el mandato judicial y no podrá calificar su fundamento u oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata de ejecutar.
CORTE SUPREMA:
A la cabeza del Poder Judicial, se encuentra la Corte Suprema de Justicia, la cual es un tribunal colegiado, compuesto de veintiún miembros, denominados ministros, uno de los cuales es su Presidente, quien es designado por sus pares, y dura dos años en sus funciones. Los ministros son designados por el Presidente de la República, quien los elige de una nómina de cinco personas que, en cada caso, propone la Corte Suprema , y con acuerdo del Senado.
De los 21 miembros de la Corte Suprema, 16 deben provenir de la carrera judicial, y 5 deberán ser abogados extraños a la administración de justicia, tener a lo menos quince años de título, haberse destacado en la actividad profesional o universitaria y cumplir los demás requisitos que señale la ley orgánica constitucional respectiva.
A la Corte Suprema le corresponde la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación, con excepción del Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los Tribunales Electorales Regionales.
De conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico de Tribunales, que es la ley orgánica constitucional de los tribunales, el tratamiento que recibe la Corte Suprema es de “Excelencia”, y sus ministros, al igual que los de las Cortes de Apelaciones y los Jueces de Letras, tienen el tratamiento de “señoría”.
En cuanto a la forma en que conoce de los asuntos que son de su competencia, la Corte Suprema puede funcionar de dos maneras: como tribunal pleno o en salas especializadas. De conformidad con lo establecido en el artículo 95 del Código Orgánico de Tribunales, en el primer caso se requiere la presencia de once de sus miembros. A su vez, para el funcionamiento en sala, se requiere de la concurrencia de no menos de cinco jueces. En la práctica, cuando la Corte Suprema funciona en sala, lo hace extraordinariamente divida en cuatro salas, integrada cada una por cinco miembros, tres de los cuales, a lo menos, deben ser ministros del Máximo Tribunal, pudiendo completarse la integración, con uno o dos abogados integrantes.
Una de las funciones más importantes de nuestra Corte Suprema, es la de actuar como tribunal de casación, uniformando de esa manera la jurisprudencia, esto es, la forma de aplicar la ley en un determinado caso. Si bien en Chile, a diferencia del sistema anglosajón, los fallos de los tribunales, incluidos los de la Corte Suprema, sólo tienen fuerza obligatoria para el caso en que se han pronunciado (efecto relativo de las sentencias), no es menos cierto que la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema, conociendo del recurso de casación, constituye un importante precedente para la aplicación de la ley en casos análogos, constituyendo una importante fuente para la interpretación y aplicación del Derecho. Los miembros de las salas debaten los casos que llegan a su conocimiento, y solo después de un acabado estudio de los mismos, emiten su dictamen.
La Corte Suprema también participa en la designación de importantes autoridades del Estado, como se indica a continuación.
Ministerio Público: Es un organismo autónomo, jerarquizado, que dirige en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado, y en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. El Fiscal Nacional, quien es el jefe superior del Ministerio Público, y responsable de su funcionamiento, es designado por el Presidente de la República, a propuesta en cinquena de la Corte Suprema y con acuerdo del Senado.
Además, el Fiscal Nacional y los fiscales regionales sólo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados, o de diez de sus miembros, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte Suprema conocerá del asunto en pleno especialmente convocado al efecto y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio.
Tribunal Constitucional: Es un organismo consagrado en la Carta Fundamental, cuya atribución principal es ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación.
Tres de sus miembros son elegidos por la Corte Suprema, en una votación secreta que se celebrará en sesión especialmente convocada al efecto.
Tribunal Calificador de Elecciones: Es un tribunal especial, que conoce del escrutinio general y de la calificación de las elecciones de Presidente de la República, de diputados y senadores, y que debe resolver las reclamaciones a que dieren lugar y proclamar a los que resulten elegidos. Dicho Tribunal conoce, asimismo, de los plebiscitos, y tiene las demás atribuciones que determine la ley.
Está constituido por cinco miembros designados en la siguiente forma:
a) Cuatro ministros de la Corte Suprema, designados por ésta, mediante sorteo, en la forma y oportunidad que determine la ley orgánica constitucional respectiva, y
b) Un ciudadano que hubiere ejercido el cargo de Presidente o Vicepresidente de la Cámara de Diputados o del Senado por un período no inferior a los 365 días, designado por la Corte Suprema en la forma señalada en la letra a) precedente, de entre todos aquéllos que reúnan las calidades indicadas.
Consejo de Seguridad Nacional: Es un organismo encargado de asesorar al Presidente de la República en las materias vinculadas a la seguridad nacional y de ejercer las demás funciones que la Constitución Política le encomienda.
Es presidido por el Jefe del Estado y estará integrado por los Presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema, por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, por el General Director de Carabineros y por el Contralor General de la República.
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia: Es un órgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuya función es prevenir, corregir y sancionar los atentados a la libre competencia.
Este tribunal es presidido por un abogado, designado por el Presidente de la República de una nómina de cinco postulantes confeccionada por la Corte Suprema mediante concurso público de antecedentes y oposición.
LA CORTE SUPREMA
COMPETENCIA DE LA CORTE SUPREMA
Con sede en la capital de la República y compuesta por veintiún miembros, uno de los cuales es su Presidente, la Corte Suprema tiene como principal misión, en cuanto a competencia exclusiva y excluyente el conocer de los recursos de casación en el fondo y revisión. Es además superior jerárquico directo de todas las Cortes de Apelaciones del país, ejerciendo la superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos los tribunales de la República.
1. FUNCIONAMIENTO DE LA CORTE SUPREMA.
Funciona dividida en salas especializadas o en pleno, pudiendo adoptar un funcionamiento ordinario o extraordinario. El primero se realiza a través de tres salas especializadas: Primera Sala o Sala Civil, Segunda Sala o Sala Penal, Tercera Sala o Sala de Asuntos Constitucionales y de lo Contencioso Administrativo. El extraordinario, a través de cuatro salas: civil, penal, constitucional y laboral-previsional. La decisión entre el funcionamiento ordinario y extraordinario le corresponde tomarla a la propia Corte. Sin embargo, desde que se estableciera en 1995 el funcionamiento de la Corte Suprema en salas especializadas, ella nunca ha sesionado de acuerdo a las normas del funcionamiento ordinario.
La determinación del funcionamiento en pleno o en salas especializadas viene dada por ley según la materia que se trate.
Así, la Corte funcionará en salas cuando conozca de los recursos de casación en el fondo; de los recursos de casación en la forma, cuando le corresponda por ley; y de los recursos de nulidad interpuestos en el nuevo sistema procesal penal en los casos que establece la ley; de las apelaciones de los recursos de amparo y de protección; de los recursos de revisión y de las resoluciones que recaigan sobre las querellas de capítulos; de la declaración de injustificado o erróneo sometimiento a proceso o condena para efectos de tener derecho a indemnización; de los recursos de queja, a excepción de la aplicación de medidas disciplinarias que será de la competencia del tribunal pleno; de los recursos de queja en juicio de cuentas contra las sentencias de segunda instancia dictadas con falta o abuso, con el sólo objeto de poner pronto remedio al mal que lo motiva; entre otras.
En su funcionamiento en pleno, la Corte Suprema conocía del recurso de inaplicabilidad hasta la última modificación a la Carta Fundamental; conoce de las contiendas de competencia que se suscitan entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia que no correspondan al Senado; de las apelaciones de desafueros de senadores y diputados; de las apelaciones en juicio de amovilidad conocidos en primera instancia por las Cortes de Apelaciones o el Presidente de la Corte Suprema; de la reclamación por pérdida de nacionalidad; del ejercicio de facultades disciplinarias, económicas y administrativas y de los informes que el Presidente de la República solicitare sobre cualquier punto relativo la administración de justicia y sobre el cual no exista cuestión de que deba conocer en pleno; debe además informar las modificaciones que se propongan a la Ley Orgánica Constitucional relativa a la Organización y Atribuciones de los Tribunales y de otros asuntos que las leyes expresamente le encomienden conocer en pleno.
2. TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS SOMETIDOS AL CONOCIMIENTO DE LA CORTE SUPREMA.
Los asuntos pueden conocerse en cuenta, o previa vista de la causa, correspondiendo al Presidente de la Corte Suprema atender el despacho de la cuenta diaria y la dictación de los decretos o providencias de mera substanciación, así como la asignación de los asuntos a cada una de las salas especializadas según las materias de su competencia, pudiendo destinarse -el comienzo de las audiencias y antes de la vista de las causas de la tabla- a despachar los asuntos que deben resolverse en cuenta, al estudio de proyectos de sentencias y al acuerdo de las mismas.
3. PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA.
El Presidente de la Corte Suprema es nombrado por la misma Corte de entre sus miembros y dura dos años en su cargo sin posibilidad de reelección.
Dentro de sus funciones se encuentran, entre otras, la de presidir el respectivo tribunal en todas sus reuniones públicas, instalar diariamente las salas para su funcionamiento, abrir y cerrar las sesiones del tribunal, dirigir los debates de éste concediendo la palabra a los miembros que la pidieren, fijar las cuestiones que hayan de debatirse y las proposiciones sobre las cuales haya de recaer la votación, y someter a votación las materias discutidas cuando el tribunal haya declarado concluido el debate.
Además, corresponde al Presidente, formar la tabla para cada sala y hacer la distribución del trabajo entre los relatores y demás empleados del tribunal.
Por último compete al Presidente de la Corte Suprema, el primer día hábil de marzo de cada año, iniciar sus funciones en audiencia pública dando cuenta anual sobre el trabajo judicial y otras materias, tales como expresar las dudas y dificultades que hayan ocurrido a la Corte Suprema y a las Cortes de Apelaciones en la inteligencia y aplicación de las leyes.
4. CAUSAS QUE CONOCE UN MINISTRO DE CORTE SUPREMA.
Corresponde a un ministro de la Corte Suprema designado por el Tribunal, como tribunal unipersonal de excepción, conocer en primera instancia de las causas a que se refiere el artículo 23 de la Ley Nº 12.033; de los delitos de jurisdicción de los tribunales chilenos cuando puedan afectar las relaciones internacionales de la República con otro Estado; de la extradición pasiva y de los demás asuntos que otras leyes le encomienden.
5. CAUSAS QUE CONOCE EL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA.
El Presidente de la Corte Suprema conoce de las causas sobre amovilidad de los ministros de Cortes de Apelaciones, de las acusaciones o demandas civiles que se entablen en contra de uno o más miembros o fiscales de las Cortes de Apelaciones para hacer efectiva su responsabilidad por actos cometidos en el desempeño de sus funciones, de las causas de presas, y de los demás materias que otras leyes entreguen a su conocimiento.
TRIBUNALES Y JUZGADOS
De acuerdo con el Código Orgánico de Tribunales, el Poder Judicial está integrado por tribunales ordinarios y tribunales especiales, sin perjuicio de los jueces árbitros.
I.- TRIBUNALES ORDINARIOS
A.- Corte Suprema de Justicia.
Es un tribunal colegiado, detentador de la superintendencia directiva, correccional y económica respecto de todos los tribunales de la República, con excepción del Tribunal Constitucional,
Tribunal Calificador de Elecciones y los Tribunales Electorales Regionales.
Constituye el órgano máximo del Poder Judicial, está compuesta por 21 miembros llamados “Ministros”, uno de los cuales es su Presidente. El presidente del Máximo Tribunal es elegido por el Pleno, y su cargo lo ejercerá por dos años.
Tiene su sede en la capital de la República y es superior jerárquico directo de todas las Cortes de Apelaciones del país.
B.- Cortes de Apelaciones.
Son tribunales colegiados, compuestos por un número variable de miembros llamados Ministros, que ejercen sus funciones dentro de un territorio que normalmente es una Región o parte de una Región, y son depositarios de casi la totalidad de la competencia de segunda instancia, conociendo además en única o primera instancia de los demás asuntos que las leyes les encomienden.
En la actualidad, hay diecisiete Cortes de Apelaciones en todo el país, con asiento en las comunas de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Santiago, San Miguel, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas. Son superiores jerárquicos de los Jueces de Garantía, de los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal y de los Jueces de Letras y dependen de la Corte Suprema.
C.- Presidentes y Ministros de Corte.
En casos especiales, y en consideración a la categoría de las personas que intervienen en un caso determinado, o bien atendida la naturaleza, entidad o importancia de la materia objeto del procedimiento, la ley ha establecido que ciertos asuntos sean conocidos por el Presidente de la Corte Suprema, el Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago o bien, por alguno de los miembros de dichos tribunales, quienes actúan como tribunal accidental de primera instancia.
D.- Tribunales de Juicio Oral en lo Penal.
Los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, son tribunales colegiados en cuanto a su composición y funcionamiento, que ejercen su competencia sobre una comuna o agrupación de comunas, y conocen en única instancia de los asuntos criminales regulados por la nueva justicia penal.
Estos tribunales pueden funcionar en una o más salas, las que estarán integradas por tres de sus miembros, uno de los cuales será el Juez Presidente de Sala, que la dirigirá.
En nuestro país existen 42 Tribunales de Juicio Oral en lo Penal y tienen como superior jerárquico a la Corte de Apelaciones respectiva.
Le corresponde a estos tribunales:
a.- Conocer y juzgar las causas por crimen o simple delito, salvo aquéllas relativas a simples delitos cuyo conocimiento y fallo corresponda a un Juez de Garantía;
b.- Resolver, en su caso, sobre la libertad o prisión preventiva de los acusados puestos a su disposición;
c.- Resolver todos los incidentes que se promuevan durante el juicio oral; y
d.- Conocer y resolver los demás asuntos que la ley procesal penal les encomiende.
E.- Juzgados de Garantía.
Son tribunales unipersonales en cuanto a su funcionamiento, pero generalmente colegiados en cuanto a su composición, que ejercen sus facultades sobre una comuna o agrupación de comunas, y conocen en única o primera instancia, excepcionalmente, de todos los asuntos penales que se rigen por el nuevo Código Procesal Penal. Su principal función, es asegurar los derechos del imputado y demás intervinientes del proceso penal, de acuerdo a la ley procesal penal.
Además de la función señalada precedentemente, le corresponde a estos tribunales:
a.- Dirigir personalmente las audiencias que procedan, de conformidad a la ley procesal penal;
b.- Dictar sentencia, cuando corresponda, en el procedimiento abreviado que contempla la ley procesal penal, del cual conocen en primera instancia;
c.- Conocer y fallar las faltas penales de conformidad con el procedimiento contenido en la ley procesal penal, del cual conocen en única instancia;
d.- Conocer y fallar, conforme a los procedimientos regulados en el Título I del Libro IV del Código Procesal Penal, las faltas e infracciones contempladas en la Ley de Alcoholes, cualquiera sea la pena que ella les asigne, del cual conocen en única instancia;
e.- Hacer ejecutar las condenas criminales y las medidas de seguridad, y resolver las solicitudes y reclamos relativos a dicha ejecución, de conformidad a la ley procesal penal; y
f.- Conocer y resolver todas las cuestiones y asuntos que el Código Orgánico de Tribunales y la ley procesal penal les encomienden.
F.- Juzgados de Letras.
Son tribunales unipersonales, que ejercen sus facultades sobre una comuna o agrupación de comunas, y conocen en primera instancia, por regla general, de todos los asuntos no entregados a otros tribunales. Su superior jerárquico es la Corte de Apelaciones respectiva.
Su competencia puede ser común o especial, en el sentido de que en algunos territorios los Jueces conocen de todos los asuntos civiles (incluidos asuntos de trabajo y de familia) y penales; y en otros lugares conocen de asuntos, ya sea en materia civil o penal. Sin embargo, con la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal, la regla anterior se vio alterada, atendido a que los Jueces de Letras dejaron de poseer competencia respecto de todos aquellos delitos cometidos con posterioridad a la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, los que pasan a ser de competencia de los Juzgados de Garantía y Tribunales de Juicio Oral en lo Penal. Excepcionalmente, tendrán competencia sobre asuntos penales, en aquellas comunas que no se hubiere creado un Juez de Garantía, pero jamás conocerán del juicio oral, ya que sólo es de competencia del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal.
II.- TRIBUNALES ESPECIALES.
A.- Juzgados de Familia.
B.- Juzgados de Letras del Trabajo.
C.- Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional.
D.- Tribunales Militares en tiempo de paz.
• CORTE DE APELACIONES
• TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA
o Juzgados en Materia Penal
o Juzgados de Familia
o Juzgados de Cobranza Previsional
o Juzgados de Letras del Trabajo
o Juzgados de Letras
• TRIBUNALES MILITARES EN TIEMPOS DE PAZ
• CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
• ACADEMIA JUDICIAL
EL PODER JUDICIAL - ¿QUÉ ES EL PODER JUDICIAL?
Chile es una república democrática, al decir del artículo 4º de la Constitución Política. Rige un Estado de Derecho, en el cual las distintas funciones del Poder son realizadas por distintos órganos, independientes entre sí. Al Poder Judicial le está encomendada la facultad de administrar justicia, que está entregada a los Tribunales de Justicia, los cuales en su conjunto, y con contadas excepciones, conforman el Poder Judicial.
Una de las bases de nuestra institucionalidad es la Independencia del Poder Judicial, que está consagrada expresamente en el artículo 76 de nuestra Constitución Política de la República, al disponer que “La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos.” Pero, así como los tribunales de justicia son independientes en el ejercicio de sus funciones, están obligados a respetar, desde luego, la independencia y atribuciones de los demás poderes públicos. Este principio lo consagra el Código Orgánico de Tribunales, al prohibir al Poder Judicial mezclarse en las atribuciones de otros poderes públicos.
Además, los tribunales están dotados de la facultad de imperio para hacer cumplir sus resoluciones, facultad que consagra expresamente el mismo artículo 76, cuando dispone que “Para hacer ejecutar sus resoluciones, y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que determine la ley, los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el Poder Judicial, podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren. Los demás tribunales lo harán en la forma que la ley determine.” La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite el mandato judicial y no podrá calificar su fundamento u oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata de ejecutar.
CORTE SUPREMA:
A la cabeza del Poder Judicial, se encuentra la Corte Suprema de Justicia, la cual es un tribunal colegiado, compuesto de veintiún miembros, denominados ministros, uno de los cuales es su Presidente, quien es designado por sus pares, y dura dos años en sus funciones. Los ministros son designados por el Presidente de la República, quien los elige de una nómina de cinco personas que, en cada caso, propone la Corte Suprema , y con acuerdo del Senado.
De los 21 miembros de la Corte Suprema, 16 deben provenir de la carrera judicial, y 5 deberán ser abogados extraños a la administración de justicia, tener a lo menos quince años de título, haberse destacado en la actividad profesional o universitaria y cumplir los demás requisitos que señale la ley orgánica constitucional respectiva.
A la Corte Suprema le corresponde la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación, con excepción del Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los Tribunales Electorales Regionales.
De conformidad con lo dispuesto en el Código Orgánico de Tribunales, que es la ley orgánica constitucional de los tribunales, el tratamiento que recibe la Corte Suprema es de “Excelencia”, y sus ministros, al igual que los de las Cortes de Apelaciones y los Jueces de Letras, tienen el tratamiento de “señoría”.
En cuanto a la forma en que conoce de los asuntos que son de su competencia, la Corte Suprema puede funcionar de dos maneras: como tribunal pleno o en salas especializadas. De conformidad con lo establecido en el artículo 95 del Código Orgánico de Tribunales, en el primer caso se requiere la presencia de once de sus miembros. A su vez, para el funcionamiento en sala, se requiere de la concurrencia de no menos de cinco jueces. En la práctica, cuando la Corte Suprema funciona en sala, lo hace extraordinariamente divida en cuatro salas, integrada cada una por cinco miembros, tres de los cuales, a lo menos, deben ser ministros del Máximo Tribunal, pudiendo completarse la integración, con uno o dos abogados integrantes.
Una de las funciones más importantes de nuestra Corte Suprema, es la de actuar como tribunal de casación, uniformando de esa manera la jurisprudencia, esto es, la forma de aplicar la ley en un determinado caso. Si bien en Chile, a diferencia del sistema anglosajón, los fallos de los tribunales, incluidos los de la Corte Suprema, sólo tienen fuerza obligatoria para el caso en que se han pronunciado (efecto relativo de las sentencias), no es menos cierto que la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema, conociendo del recurso de casación, constituye un importante precedente para la aplicación de la ley en casos análogos, constituyendo una importante fuente para la interpretación y aplicación del Derecho. Los miembros de las salas debaten los casos que llegan a su conocimiento, y solo después de un acabado estudio de los mismos, emiten su dictamen.
La Corte Suprema también participa en la designación de importantes autoridades del Estado, como se indica a continuación.
Ministerio Público: Es un organismo autónomo, jerarquizado, que dirige en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado, y en su caso, ejercerá la acción penal pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponderá la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos. El Fiscal Nacional, quien es el jefe superior del Ministerio Público, y responsable de su funcionamiento, es designado por el Presidente de la República, a propuesta en cinquena de la Corte Suprema y con acuerdo del Senado.
Además, el Fiscal Nacional y los fiscales regionales sólo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados, o de diez de sus miembros, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte Suprema conocerá del asunto en pleno especialmente convocado al efecto y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio.
Tribunal Constitucional: Es un organismo consagrado en la Carta Fundamental, cuya atribución principal es ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación.
Tres de sus miembros son elegidos por la Corte Suprema, en una votación secreta que se celebrará en sesión especialmente convocada al efecto.
Tribunal Calificador de Elecciones: Es un tribunal especial, que conoce del escrutinio general y de la calificación de las elecciones de Presidente de la República, de diputados y senadores, y que debe resolver las reclamaciones a que dieren lugar y proclamar a los que resulten elegidos. Dicho Tribunal conoce, asimismo, de los plebiscitos, y tiene las demás atribuciones que determine la ley.
Está constituido por cinco miembros designados en la siguiente forma:
a) Cuatro ministros de la Corte Suprema, designados por ésta, mediante sorteo, en la forma y oportunidad que determine la ley orgánica constitucional respectiva, y
b) Un ciudadano que hubiere ejercido el cargo de Presidente o Vicepresidente de la Cámara de Diputados o del Senado por un período no inferior a los 365 días, designado por la Corte Suprema en la forma señalada en la letra a) precedente, de entre todos aquéllos que reúnan las calidades indicadas.
Consejo de Seguridad Nacional: Es un organismo encargado de asesorar al Presidente de la República en las materias vinculadas a la seguridad nacional y de ejercer las demás funciones que la Constitución Política le encomienda.
Es presidido por el Jefe del Estado y estará integrado por los Presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema, por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, por el General Director de Carabineros y por el Contralor General de la República.
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia: Es un órgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuya función es prevenir, corregir y sancionar los atentados a la libre competencia.
Este tribunal es presidido por un abogado, designado por el Presidente de la República de una nómina de cinco postulantes confeccionada por la Corte Suprema mediante concurso público de antecedentes y oposición.
LA CORTE SUPREMA
COMPETENCIA DE LA CORTE SUPREMA
Con sede en la capital de la República y compuesta por veintiún miembros, uno de los cuales es su Presidente, la Corte Suprema tiene como principal misión, en cuanto a competencia exclusiva y excluyente el conocer de los recursos de casación en el fondo y revisión. Es además superior jerárquico directo de todas las Cortes de Apelaciones del país, ejerciendo la superintendencia directiva, correccional y económica sobre todos los tribunales de la República.
1. FUNCIONAMIENTO DE LA CORTE SUPREMA.
Funciona dividida en salas especializadas o en pleno, pudiendo adoptar un funcionamiento ordinario o extraordinario. El primero se realiza a través de tres salas especializadas: Primera Sala o Sala Civil, Segunda Sala o Sala Penal, Tercera Sala o Sala de Asuntos Constitucionales y de lo Contencioso Administrativo. El extraordinario, a través de cuatro salas: civil, penal, constitucional y laboral-previsional. La decisión entre el funcionamiento ordinario y extraordinario le corresponde tomarla a la propia Corte. Sin embargo, desde que se estableciera en 1995 el funcionamiento de la Corte Suprema en salas especializadas, ella nunca ha sesionado de acuerdo a las normas del funcionamiento ordinario.
La determinación del funcionamiento en pleno o en salas especializadas viene dada por ley según la materia que se trate.
Así, la Corte funcionará en salas cuando conozca de los recursos de casación en el fondo; de los recursos de casación en la forma, cuando le corresponda por ley; y de los recursos de nulidad interpuestos en el nuevo sistema procesal penal en los casos que establece la ley; de las apelaciones de los recursos de amparo y de protección; de los recursos de revisión y de las resoluciones que recaigan sobre las querellas de capítulos; de la declaración de injustificado o erróneo sometimiento a proceso o condena para efectos de tener derecho a indemnización; de los recursos de queja, a excepción de la aplicación de medidas disciplinarias que será de la competencia del tribunal pleno; de los recursos de queja en juicio de cuentas contra las sentencias de segunda instancia dictadas con falta o abuso, con el sólo objeto de poner pronto remedio al mal que lo motiva; entre otras.
En su funcionamiento en pleno, la Corte Suprema conocía del recurso de inaplicabilidad hasta la última modificación a la Carta Fundamental; conoce de las contiendas de competencia que se suscitan entre las autoridades políticas o administrativas y los tribunales de justicia que no correspondan al Senado; de las apelaciones de desafueros de senadores y diputados; de las apelaciones en juicio de amovilidad conocidos en primera instancia por las Cortes de Apelaciones o el Presidente de la Corte Suprema; de la reclamación por pérdida de nacionalidad; del ejercicio de facultades disciplinarias, económicas y administrativas y de los informes que el Presidente de la República solicitare sobre cualquier punto relativo la administración de justicia y sobre el cual no exista cuestión de que deba conocer en pleno; debe además informar las modificaciones que se propongan a la Ley Orgánica Constitucional relativa a la Organización y Atribuciones de los Tribunales y de otros asuntos que las leyes expresamente le encomienden conocer en pleno.
2. TRAMITACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS SOMETIDOS AL CONOCIMIENTO DE LA CORTE SUPREMA.
Los asuntos pueden conocerse en cuenta, o previa vista de la causa, correspondiendo al Presidente de la Corte Suprema atender el despacho de la cuenta diaria y la dictación de los decretos o providencias de mera substanciación, así como la asignación de los asuntos a cada una de las salas especializadas según las materias de su competencia, pudiendo destinarse -el comienzo de las audiencias y antes de la vista de las causas de la tabla- a despachar los asuntos que deben resolverse en cuenta, al estudio de proyectos de sentencias y al acuerdo de las mismas.
3. PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA.
El Presidente de la Corte Suprema es nombrado por la misma Corte de entre sus miembros y dura dos años en su cargo sin posibilidad de reelección.
Dentro de sus funciones se encuentran, entre otras, la de presidir el respectivo tribunal en todas sus reuniones públicas, instalar diariamente las salas para su funcionamiento, abrir y cerrar las sesiones del tribunal, dirigir los debates de éste concediendo la palabra a los miembros que la pidieren, fijar las cuestiones que hayan de debatirse y las proposiciones sobre las cuales haya de recaer la votación, y someter a votación las materias discutidas cuando el tribunal haya declarado concluido el debate.
Además, corresponde al Presidente, formar la tabla para cada sala y hacer la distribución del trabajo entre los relatores y demás empleados del tribunal.
Por último compete al Presidente de la Corte Suprema, el primer día hábil de marzo de cada año, iniciar sus funciones en audiencia pública dando cuenta anual sobre el trabajo judicial y otras materias, tales como expresar las dudas y dificultades que hayan ocurrido a la Corte Suprema y a las Cortes de Apelaciones en la inteligencia y aplicación de las leyes.
4. CAUSAS QUE CONOCE UN MINISTRO DE CORTE SUPREMA.
Corresponde a un ministro de la Corte Suprema designado por el Tribunal, como tribunal unipersonal de excepción, conocer en primera instancia de las causas a que se refiere el artículo 23 de la Ley Nº 12.033; de los delitos de jurisdicción de los tribunales chilenos cuando puedan afectar las relaciones internacionales de la República con otro Estado; de la extradición pasiva y de los demás asuntos que otras leyes le encomienden.
5. CAUSAS QUE CONOCE EL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA.
El Presidente de la Corte Suprema conoce de las causas sobre amovilidad de los ministros de Cortes de Apelaciones, de las acusaciones o demandas civiles que se entablen en contra de uno o más miembros o fiscales de las Cortes de Apelaciones para hacer efectiva su responsabilidad por actos cometidos en el desempeño de sus funciones, de las causas de presas, y de los demás materias que otras leyes entreguen a su conocimiento.
TRIBUNALES Y JUZGADOS
De acuerdo con el Código Orgánico de Tribunales, el Poder Judicial está integrado por tribunales ordinarios y tribunales especiales, sin perjuicio de los jueces árbitros.
I.- TRIBUNALES ORDINARIOS
A.- Corte Suprema de Justicia.
Es un tribunal colegiado, detentador de la superintendencia directiva, correccional y económica respecto de todos los tribunales de la República, con excepción del Tribunal Constitucional,
Tribunal Calificador de Elecciones y los Tribunales Electorales Regionales.
Constituye el órgano máximo del Poder Judicial, está compuesta por 21 miembros llamados “Ministros”, uno de los cuales es su Presidente. El presidente del Máximo Tribunal es elegido por el Pleno, y su cargo lo ejercerá por dos años.
Tiene su sede en la capital de la República y es superior jerárquico directo de todas las Cortes de Apelaciones del país.
B.- Cortes de Apelaciones.
Son tribunales colegiados, compuestos por un número variable de miembros llamados Ministros, que ejercen sus funciones dentro de un territorio que normalmente es una Región o parte de una Región, y son depositarios de casi la totalidad de la competencia de segunda instancia, conociendo además en única o primera instancia de los demás asuntos que las leyes les encomienden.
En la actualidad, hay diecisiete Cortes de Apelaciones en todo el país, con asiento en las comunas de Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Santiago, San Miguel, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas. Son superiores jerárquicos de los Jueces de Garantía, de los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal y de los Jueces de Letras y dependen de la Corte Suprema.
C.- Presidentes y Ministros de Corte.
En casos especiales, y en consideración a la categoría de las personas que intervienen en un caso determinado, o bien atendida la naturaleza, entidad o importancia de la materia objeto del procedimiento, la ley ha establecido que ciertos asuntos sean conocidos por el Presidente de la Corte Suprema, el Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago o bien, por alguno de los miembros de dichos tribunales, quienes actúan como tribunal accidental de primera instancia.
D.- Tribunales de Juicio Oral en lo Penal.
Los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, son tribunales colegiados en cuanto a su composición y funcionamiento, que ejercen su competencia sobre una comuna o agrupación de comunas, y conocen en única instancia de los asuntos criminales regulados por la nueva justicia penal.
Estos tribunales pueden funcionar en una o más salas, las que estarán integradas por tres de sus miembros, uno de los cuales será el Juez Presidente de Sala, que la dirigirá.
En nuestro país existen 42 Tribunales de Juicio Oral en lo Penal y tienen como superior jerárquico a la Corte de Apelaciones respectiva.
Le corresponde a estos tribunales:
a.- Conocer y juzgar las causas por crimen o simple delito, salvo aquéllas relativas a simples delitos cuyo conocimiento y fallo corresponda a un Juez de Garantía;
b.- Resolver, en su caso, sobre la libertad o prisión preventiva de los acusados puestos a su disposición;
c.- Resolver todos los incidentes que se promuevan durante el juicio oral; y
d.- Conocer y resolver los demás asuntos que la ley procesal penal les encomiende.
E.- Juzgados de Garantía.
Son tribunales unipersonales en cuanto a su funcionamiento, pero generalmente colegiados en cuanto a su composición, que ejercen sus facultades sobre una comuna o agrupación de comunas, y conocen en única o primera instancia, excepcionalmente, de todos los asuntos penales que se rigen por el nuevo Código Procesal Penal. Su principal función, es asegurar los derechos del imputado y demás intervinientes del proceso penal, de acuerdo a la ley procesal penal.
Además de la función señalada precedentemente, le corresponde a estos tribunales:
a.- Dirigir personalmente las audiencias que procedan, de conformidad a la ley procesal penal;
b.- Dictar sentencia, cuando corresponda, en el procedimiento abreviado que contempla la ley procesal penal, del cual conocen en primera instancia;
c.- Conocer y fallar las faltas penales de conformidad con el procedimiento contenido en la ley procesal penal, del cual conocen en única instancia;
d.- Conocer y fallar, conforme a los procedimientos regulados en el Título I del Libro IV del Código Procesal Penal, las faltas e infracciones contempladas en la Ley de Alcoholes, cualquiera sea la pena que ella les asigne, del cual conocen en única instancia;
e.- Hacer ejecutar las condenas criminales y las medidas de seguridad, y resolver las solicitudes y reclamos relativos a dicha ejecución, de conformidad a la ley procesal penal; y
f.- Conocer y resolver todas las cuestiones y asuntos que el Código Orgánico de Tribunales y la ley procesal penal les encomienden.
F.- Juzgados de Letras.
Son tribunales unipersonales, que ejercen sus facultades sobre una comuna o agrupación de comunas, y conocen en primera instancia, por regla general, de todos los asuntos no entregados a otros tribunales. Su superior jerárquico es la Corte de Apelaciones respectiva.
Su competencia puede ser común o especial, en el sentido de que en algunos territorios los Jueces conocen de todos los asuntos civiles (incluidos asuntos de trabajo y de familia) y penales; y en otros lugares conocen de asuntos, ya sea en materia civil o penal. Sin embargo, con la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal, la regla anterior se vio alterada, atendido a que los Jueces de Letras dejaron de poseer competencia respecto de todos aquellos delitos cometidos con posterioridad a la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, los que pasan a ser de competencia de los Juzgados de Garantía y Tribunales de Juicio Oral en lo Penal. Excepcionalmente, tendrán competencia sobre asuntos penales, en aquellas comunas que no se hubiere creado un Juez de Garantía, pero jamás conocerán del juicio oral, ya que sólo es de competencia del Tribunal del Juicio Oral en lo Penal.
II.- TRIBUNALES ESPECIALES.
A.- Juzgados de Familia.
B.- Juzgados de Letras del Trabajo.
C.- Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional.
D.- Tribunales Militares en tiempo de paz.
viernes, 15 de mayo de 2009
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE DE 1980
La Constitución Política de la República de Chile de 1980 es el texto constitucional actualmente vigente en Chile. Fue aprobada en un plebiscito el 11 de septiembre de 1980 y entró en vigor, en un régimen transitorio, el 11 de marzo de 1981 y, en forma plena, el 11 de marzo de 1990. Su texto original contenía 120 artículos, con 29 disposiciones transitorias. Ha sido reformada en 1989, 1991, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007 y 2008. Al año 2008, posee 129 artículos y 21 disposiciones transitorias.
HISTORIA - ORIGEN DE LA CONSTITUCIÓN
Constitución Política de la República de Chile de 1980, edición de la Editorial Jurídica de Chile.
Luego del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, no sólo fue suspendida la Constitución de 1925 sino que, además, se buscó crear una nueva institucionalidad completamente desde cero. Una comisión, denominada la Comisión Ortúzar, se dio a la tarea de crear una nueva constitución, redactando el proyecto inicial. El Consejo de Estado discutió e introdujo algunas modificaciones a ese proyecto entre 1978 y 1980; tuvieron aquí alguna participación el ex Presidente Jorge Alessandri (Presidente del Consejo) y Enrique Ortúzar. Con posterioridad a la redacción afinada por esos cuerpos consultivos, la Junta de Gobierno también le introdujo algunos cambios. El texto fue en definitiva sometido a la opinión de la ciudadanía mediante el Plebiscito Nacional de 1980, en el que fue aprobado. Dicho plebiscito ha sido y sigue siendo cuestionado, atendidas las irregularidades formales de su celebración (entre otras cosas, por ejemplo, no existían registros electorales y la oposición se vio impedida de efectuar campaña, al estar restringidas algunas libertades públicas, como la de expresión y reunión). La Constitución entró en vigencia el 11 de marzo de 1981, aunque extensos sectores de la ciudadanía no reconocieron su validez.
PRIMEROS AÑOS
Entre 1981 y 1990, de acuerdo a las disposiciones transitorias fijadas por la misma Constitución, la Junta de Gobierno asume las funciones legislativas y constituyentes. Augusto Pinochet, asimismo es la única autoridad ejecutiva a nivel nacional. Los tribunales de justicia continuaron ejerciendo sus funciones como venían haciendo desde el inicio de la dictadura.
Finalmente, un grupo de partidos políticos encabezados por la Democracia Cristiana a fines de los años 1980 aceptó entrar al juego político establecido en la Constitución, reconociéndola como una realidad jurídica. De esa forma se esperaba acortar el tiempo de la dictadura, dentro del marco institucional establecido por ésta; y así fue. En 1988 se puso en marcha el mecanismo previsto para la sucesión de Pinochet; tras la celebración de un plebiscito, el país decidió la realización de elecciones libres, en 1989, para designar al Presidente de la República y a la mayoría de los miembros del Congreso Nacional.
Luego de que la Concertación ganó las elecciones presidenciales, y Patricio Aylwin asumiera como Presidente de Chile en 1990, la Constitución fue reconocida como válida por todos los sectores políticos y sociales de Chile, con la excepción del Partido Comunista de Chile y otros grupos de izquierda extra-parlamentarios (quienes continúan llamando a la convocatoria de una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución).
LA CONSTITUCIÓN DENTRO DE LA TRANSICIÓN
La legitimidad de la Constitución es cuestionada ampliamente pero ha sido aceptada como realidad jurídica por los sectores políticos mayoritarios. No obstante, existe una presión constante tanto de los representantes de la Concertación como de la izquierda extra-parlamentaria para realizar numerosas modificaciones, algunas han sido promulgadas con éxito.
Durante los primeros años de los gobiernos de la Concertación, fue prácticamente imposible algún tipo de reforma sustancial del cuerpo legal debido a la oposición de los sectores de la Alianza por Chile.
En los últimos años, han sido realizadas variadas reformas constitucionales, pero sólo durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos se logró llegar a un consenso para eliminar los últimos enclaves antidemocráticos de su texto original (proveniente del gobierno militar).
Luego de varios años de discusión y de acuerdos entre ambos grupos políticos, el 14 de julio de 2005 se llegó a un acuerdo de reforma en el Senado. Posteriormente, un acuerdo entre el Gobierno y el Congreso, el Presidente presentó inmediatamente un veto para poder modificar 27 artículos de las reformas, las que fueron rápidamente aprobadas por ambas cámaras del Congreso. El 16 de agosto de aquel año el Congreso Nacional de Chile en su conjunto, reunido como Congreso Pleno, da la última aprobación. El resultado de la votación fue de 150 votos a favor, 3 en contra (de los senadores designados Jorge Martínez Busch, Fernando Cordero y Julio Canessa) y la abstención del Senador Rodolfo Stange.
El 17 de septiembre del 2005, en una ceremonia especial, fue promulgado por medio de un decreto, el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución, incorporando estas últimas reformas. Dicha ceremonia fue encabezada por el Presidente Ricardo Lagos, cuya firma del texto constitucional pasó a reemplazar la del General Augusto Pinochet.
VISIÓN DE CONJUNTO
En la actualidad la Constitución de 1980 parece en gran medida satisfactoria. Se trata de un texto que conserva un buen número de tradiciones republicanas, las que han sido correctamente actualizadas conforme a las orientaciones contemporáneas del constitucionalismo. Así, por ejemplo, se ha conservado la tradición presidencialista de matriz portaliana, coexistiendo con un parlamento mayoritariamente electo. El dominio legal se ha racionalizado, siguiendo al constitucionalismo francés de posguerra, pero ha mantenido un papel preponderante en la definición de las bases del ordenamiento, el que se ha visto equilibrado mediante un control de constitucionalidad de las leyes reforzado. Y naturalmente, el ejercicio del poder público se ha parecido verse durante estos años cada vez más limitado por los derechos fundamentales.
Como muchos comentaristas observan, hay una paradoja cierta en esta Constitución. Se trata probablemente del texto más respetuoso de los derechos individuales de las personas que haya conocido la historia constitucional chilena; la paradoja reside en que haya sido dictada precisamente por una dictadura militar bajo cuyo gobierno se violaron los derechos humanos. Sin embargo, no es casual que durante gran parte de los primeros años de vigencia del texto, el país haya sido gobernado bajo estados de excepción constitucional que permitieron eludir algunas reglas demasiado "restrictivas" para un gobierno no democrático, y no demasiado respetuoso –en el hecho– de las libertades públicas.
Las críticas más visibles dirigidas en su contra recaen sobre lo que en algún momento se llamó “enclaves autoritarios”. En efecto, aún abrazando principios democráticos, no debe olvidarse que un principio la Constitución obedecía a un modelo de “democracia protegida”. En ese contexto era normal que la propagación de doctrinas que propendieran la lucha de clases, por ejemplo, fuese considerada como un ilícito constitucional; o que se pretendiera instaurar a nivel local mecanismos de gestión administrativa y gubernamental al margen de recetas puramente políticas (i.e. ideológicas). Durante casi 25 años subsistieron algunos aspectos heredados de esa concepción política: el papel de las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad, el peso (cada vez menor en la práctica) del Consejo de Seguridad Nacional de Chile, y la existencia de senadores por derecho propio y otros designados, que se reputan representar a la Nación del mismo modo que los electos.
A ello se suman dos factores que mantienen una grave tensión. Por una parte, la definición de un sistema electoral que no asegura en forma absolutamente fiel la representación de todas las colectividades políticas y ha obligado a formar grandes bloques políticos –en donde las colectividades más marginales tienen dificultad para hacerse oír. En ese contexto, la Constitución parecería haber sido hecha para regir de una vez para siempre al país, sin posibilidad de evolución. Por otra parte, y sumado a lo anterior, la Constitución en varias de sus disposiciones exige mayorías parlamentarias calificadas para reformar ciertos aspectos institucionales que son claves en la actualidad. Por ejemplo, se exige una mayoría de los 4/7 de los parlamentarios en ejercicio para reformar las votaciones, los partidos políticos, la libertad de enseñanza, las bases de la Administración, el Congreso Nacional, el Tribunal Constitucional, las Fuerzas Armadas, etc. Dado lo anterior, ha sido extremadamente difícil que la mayoría democrática reforme tales instituciones cuyo régimen jurídico, en lo fundamental, fue definido durante la dictadura militar.
La solución a muchos de esos problemas, que existen y en algún momento han parecido graves, pasa simplemente por una reestructuración de mecanismos de poder, como los que se discuten actualmente y verosímilmente permitirán cambiar la Constitución.
Pero más allá de esa clase de observaciones, cabe preguntarse si acaso la Constitución tiene realmente carácter democrático. No se trata de resucitar las querellas acerca de su legitimidad de origen sino de analizar su contenido. En efecto, en el texto mismo, en sus aspectos dogmáticos, hay opciones ideológicas explícitas, que pueden ser discutibles, y sobre todo pueden limitar la libertad de acción de generaciones futuras. El principio de subsidiariedad, por ejemplo, puede erigirse en obstáculo a la implementación de políticas asistenciales o de servicio público más agresivas por parte del Estado. Igualmente, la importancia asignada a la familia podría esgrimirse como argumento que impida la adaptación de las leyes a la evolución de las costumbres, particularmente en materia sexual. En fin, incluso un concepto aparentemente tan inocuo como el de bien común puede ser objeto de lecturas restrictivas, que vinculen el porvenir de la sociedad chilena a un modelo específico inmutable, y frenen su evolución conforme a la apreciación más o menos cambiante del interés general, que hagan los representantes de la Nación a través del tiempo. La cuestión que habrá que preguntarse en el futuro es si quiere hacerse de la Constitución chilena más un programa de gobierno que un arsenal de instrumentos a disposición de cada gobierno o cada legislatura.
CONTENIDO
La Constitución de 1980 está articulada en torno a 15 capítulos.
BASES DE LA INSTITUCIONALIDAD
El primer capítulo (artículos 1º a 9º), llamado Bases de la Institucionalidad, contiene una serie de principios elementales de un Estado de derecho. Este capítulo resume la filosofía política de la Constitución, en cuanto toca a la relación del hombre con el poder. Así, establece, por ejemplo que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y reconoce la importancia de la familia y del respeto a los derechos fundamentales. Contiene diversos principios inspiradores de la organización política del Estado: soberanía nacional, democracia representativa, forma unitaria, tendencia a la descentralización, etc. El valor jurídico de la Constitución es regulado por ella misma: se trata de una norma, por consiguiente su observancia es obligatoria para toda persona, institución o grupo, y evidentemente también para todos los órganos del Estado. El principio de respeto al Estado de derecho se completa mediante los principios de legalidad –o juridicidad, en la jerga de algunos académicos- y de responsabilidad del Estado.
NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA
El capítulo II (art. 10º a 18), Nacionalidad y ciudadanía, compendio de las reglas tradicionales chilenas sobre la ciudadanía. Reconoce la nacionalidad chilena en las distintas formas que esta se obtiene, ya sea ius sanguinis, ius solis, por carta de nacionalización o por gracia (ley). También establece las causas de pérdida de la nacionalidad, otorga la posibilidad de recurrir ante la corte suprema frente a resolución administrativa considerada arbitraria, que prive o desconozca la nacionalidad chilena. También establece las reglas básicas de la Ciudadanía, el Derecho a Sufragio y la forma de elección.
DERECHOS Y DEBERES CONSTITUCIONALES
El capítulo III (art. 19 a 23), posee una densidad normativa importante. Se refiere a Los derechos y deberes constitucionales. El artículo 19, extensa enunciación de los derechos fundamentales reconocidos en Chile, conserva tradiciones ancestrales de la cultura jurídica chilena –la trilogía de valores hispánicos: honra, vida y hacienda, por ejemplo–, actualizándolas conforme a las orientaciones actuales del constitucionalismo moderno. Entre los derechos fundamentales reconocidos se cuentan el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la igualdad en la protección de la ley, a la honra, a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, de asociación, el derecho a la propiedad, y un largo etcétera. Ciertamente, los derechos humanos de carácter social son los menos desarrollados en este texto, aunque contiene algunos esbozos al respecto. Esta enumeración se cierra por la garantía de que el legislador no podrá dictar leyes que afecten el núcleo fundamental o la esencia de estos derechos.
La Constitución ha instituido, además, el recurso de protección, mecanismo procesal que permite hacer efectivas ciertas garantías constitucionales frente a actos ilegales o arbitrarios. Ha sido ésta una gran innovación que ha permitido dar vida a las normas constitucionales y vigorizar el fenómeno llamado de “constitucionalización” del derecho.
GOBIERNO
El capítulo IV (art. 24 a 45) establece como cabeza del Estado y del Gobierno al Presidente de la República. Define las formas de elección de éste y los requisitos para desempeñar el cargo, establece las atribuciones del Presidente de la República, las normas relativas a los Ministros de Estado, su nombramiento y requisitos para desempeñar el cargo, da la norma básica sobre las bases de la Administración del Estado, y define los Estados de Excepción Constitucional.
CONGRESO NACIONAL
El capítulo V (art. 46 a 75) establece un Congreso Nacional bicameral, con un Senado y una Cámara de Diputados, estableciendo la forma de elección de los miembros de los mismos y sus números, los requisitos e inhabilidades para desempeñar el cargo, las atribuciones exclusivas de cada rama y del congreso en su conjunto, el funcionamiento del congreso, las materias de ley y la formación de las mismas.
PODER JUDICIAL
El capítulo VI (art. 76 a 82) establece las bases del Poder Judicial.
MINISTERIO PÚBLICO
El capítulo VII (art. 83 a 91) establece las bases del Ministerio Público, las formas y modos de operar de este organismo, la designación o elección de sus miembros, y las atribuciones de los mismos.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
El capítulo VIII (art. 92 a 94) establece un Tribunal Constitucional, definiendo la forma en la cual serán designados los miembros del mismo, las atribuciones del Tribunal y la fuerza de sus resoluciones.
JUSTICIA ELECTORAL
El capítulo IX (art. 95 a 97) establece las normas fundamentales de la Justicia Electoral.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
El capítulo X (art.98 a 100) establece la Contraloría General de la República, dotada de autonomía, establece la forma de designar a los miembros de este organismo, y establece los procedimientos en los cuales opera el mismo.
FUERZAS ARMADAS, DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA
El capítulo XI (art. 101 a 105) establece la forma de operar de las instituciones armadas y policiales, sus normas fundamentales, el ascenso de sus miembros, y la designación de los comandantes en jefe de las distintas ramas de las FF.AA y de Orden.
CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL
El capítulo XII (art. 106 a 107) establece un Consejo de Seguridad Nacional, formado por los miembros que la Constitución Señala, para asesorar al Gobierno en materias de su incumbencia.
BANCO CENTRAL
El capítulo XIII (art. 108 a 109) establece normas fundamentales para este órgano autónomo y técnico.
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN INTERIOR DEL ESTADO
El capítulo XIV (art. 110 a 126 bis) establece las bases del gobierno y la administración del Estado a nivel regional y provincial y de la administración comunal, la forma y modo de operar de las autoridades de dichos entes, y sus atribuciones.
REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN
El capítulo XV (art. 127 a 129) establece la forma, los quórums y modos de reformar los diferentes capítulos de la Constitución Política de la República.
REFORMAS CONSTITUCIONALES
Año 1989
• Ley Nº 18.825, de 17 de agosto de 1989, producto de un proyecto aprobado en un plebiscito realizado el 30 de julio del mismo año, involucrando 54 reformas, tuvo por objetivo: reemplazar el procedimiento de reforma de la Constitución, afirmar el pluralismo político, fortalecer los derechos constitucionales, morigerar los estados de excepción y robustecer el principio democrático y participativo del sistema.
Año 1991
• Ley Nº 19.055, de 1 de abril de 1991, modificó algunos preceptos relativos a las conductas terroristas.
• Ley Nº 19.097, de 12 de noviembre de 1991, introdujo cambios sobre el gobierno y administración regional y provincial y a la administración comunal.
Año 1994
• Ley Nº 19.295, de 4 de marzo de 1994, redujo el mandato presidencial original de 8 a 6 años.
Año 1997
• Ley Nº 19.519, de 16 de septiembre de 1997, incorporó el capítulo VI-A sobre el Ministerio Público y otras modificaciones relativas a la reforma procesal penal.
• Ley Nº 19.526, de 17 de noviembre de 1997, modificó algunas normas sobre organización y atribuciones de las municipalidades.
• Ley Nº 19.541, de 22 de diciembre de 1997, introdujo cambios en el número y forma de nombramiento de los ministros de la Corte Suprema y otros miembros del Poder Judicial.
Año 1999
• Ley Nº 19.597, de 14 de enero de 1999, estableció como trámite obligado, para la modificación de la ley orgánica constitucional sobre organización y atribuciones de los tribunales, el oír previamente a la Corte Suprema.
• Ley Nº 19.611, de 16 de junio de 1999, modificó el artículo 1º y 19, en el sentido de sustituir la expresión "los hombres" por "las personas", con el objetivo de reforzar el principio de igualdad ante la ley de hombres y mujeres.
• Ley Nº 19.634, de 2 de octubre de 1999, incorporó la obligación del Estado de promover la educación parvularia.
• Ley Nº 19.643, de 5 de noviembre de 1999, modificó las disposiciones sobre la elección presidencial (segunda vuelta) y la integración del Tribunal Calificador de Elecciones.
Año 2000
• Ley Nº 19.671, de 29 de abril de 2000, reformó una norma sobre el mecanismo de reforma constitucional.
• Ley Nº 19.672, de 28 de abril de 2000, creó el estatuto de "Ex Presidente de la República".
Año 2001
• Ley Nº 19.742, de 25 de agosto de 2001, reemplazó el sistema de censura por uno de calificación cinematográfica e incorporó la libertad de crear y difundir las artes en la disposición sobre el derecho de autor.
Año 2003
• Ley Nº 19.876, de 22 de mayo de 2003, estableció la obligatoriedad de la educación secundaria y el deber del Estado de proporcionar un sistema gratuito con tal objeto (hasta los 21 años).
Año 2005
• Ley Nº 20.050, de 26 de agosto de 2005, si bien las reformas constitucionales realizada por ésta son bastantes (incluye 54 modificaciones), las principales y más significativas son las siguientes:
o Eliminación de los senadores designados y vitalicios: Hasta el año 2006, el Senado estuvo compuesto por 38 senadores elegidos por votación popular más 9 senadores designados, correspondientes a ex miembros de varios órganos del Estado (incluyendo senadores representantes de cada una de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile). Además, se establecía la existencia de senadores vitalicios, correspondientes a los ex Presidentes de la República (Augusto Pinochet asumió en 1998, renunciando el 2001; y Eduardo Frei Ruiz-Tagle ocupó su asiento entre 2000 y el 2006).
o Reducción del mandato presidencial: El Presidente con mandato a partir del 11 de marzo de 2006 sólo desempeñará el cargo durante 4 años (no 6 como antes de esta reforma).
o Facultad de remoción de los Comandantes en Jefe: El Presidente de la República adquiere la atribución de remover a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y al General Director de Carabineros, debiendo sólo informar de su decisión al Congreso (una facultad que tradicionalmente gozaba el Presidente). Antes, la única forma de hacerlo era a través del voto conforme de la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional (El presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle recibió un categórico "yo no renuncio" del General Director de Carabineros Rodolfo Stange durante las investigaciones del llamado "caso Degollados", mientras que Ricardo Lagos debió negociar con el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Patricio Ríos, luego de que se descubriera la protección de éste a algunos violadores de los derechos humanos).
o Modificación del Consejo de Seguridad Nacional: El COSENA será desde ahora un organismo asesor del Presidente de la República y sólo podrá ser convocado por éste. Anteriormente, éste tenía atribuciones de hacer presente a otras instituciones del Estado asuntos que, a su juicio, atentaban contra las bases de la institucionalidad o la seguridad nacional y podía ser convocado por cualquiera de sus miembros (en 1993, fue convocado por el Presidente de la Corte Suprema durante la acusación constitucional del ministro Hernán Cereceda; mientras que entre 1998 y 2000 fue convocado por los jefes castrenses por los procesamientos al general Pinochet).
o Nacionalidad: Se elimina el requisito de avecindamiento en el país por un año como medio de adquisición de la nacionalidad chilena para hijos de chilenos nacidos en el extranjero, bastando ahora ser hijo de chileno, sin importar el lugar de nacimiento, para adquirirla. Esto reafirma la obtención de nacionalidad por ius sanguinis.
Año 2007
• Ley N° 20.162, de 16 de febrero de 2007, establece la obligación del Estado de financiar el segundo nivel de transición en la educación parvularia, sin que constituya requisito obligatorio para la educación básica.
• Ley Nº 20.193, de 30 de julio de 2007, crea los territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago de Juan Fernández.
Año 2008
• Ley N° 20.245, de 10 de enero de 2008, que autoriza la fijación de fechas diferentes para la entrada en vigencia de los sistemas de enjuiciamiento en las diversas regiones del país.
Año 2009
• Ley N° 20.337, de 4 de abril de 2009, que establece el sufragio como un derecho de los ciudadanos y de su inscripción automática en los Registros Electorales.
HISTORIA - ORIGEN DE LA CONSTITUCIÓN
Constitución Política de la República de Chile de 1980, edición de la Editorial Jurídica de Chile.
Luego del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, no sólo fue suspendida la Constitución de 1925 sino que, además, se buscó crear una nueva institucionalidad completamente desde cero. Una comisión, denominada la Comisión Ortúzar, se dio a la tarea de crear una nueva constitución, redactando el proyecto inicial. El Consejo de Estado discutió e introdujo algunas modificaciones a ese proyecto entre 1978 y 1980; tuvieron aquí alguna participación el ex Presidente Jorge Alessandri (Presidente del Consejo) y Enrique Ortúzar. Con posterioridad a la redacción afinada por esos cuerpos consultivos, la Junta de Gobierno también le introdujo algunos cambios. El texto fue en definitiva sometido a la opinión de la ciudadanía mediante el Plebiscito Nacional de 1980, en el que fue aprobado. Dicho plebiscito ha sido y sigue siendo cuestionado, atendidas las irregularidades formales de su celebración (entre otras cosas, por ejemplo, no existían registros electorales y la oposición se vio impedida de efectuar campaña, al estar restringidas algunas libertades públicas, como la de expresión y reunión). La Constitución entró en vigencia el 11 de marzo de 1981, aunque extensos sectores de la ciudadanía no reconocieron su validez.
PRIMEROS AÑOS
Entre 1981 y 1990, de acuerdo a las disposiciones transitorias fijadas por la misma Constitución, la Junta de Gobierno asume las funciones legislativas y constituyentes. Augusto Pinochet, asimismo es la única autoridad ejecutiva a nivel nacional. Los tribunales de justicia continuaron ejerciendo sus funciones como venían haciendo desde el inicio de la dictadura.
Finalmente, un grupo de partidos políticos encabezados por la Democracia Cristiana a fines de los años 1980 aceptó entrar al juego político establecido en la Constitución, reconociéndola como una realidad jurídica. De esa forma se esperaba acortar el tiempo de la dictadura, dentro del marco institucional establecido por ésta; y así fue. En 1988 se puso en marcha el mecanismo previsto para la sucesión de Pinochet; tras la celebración de un plebiscito, el país decidió la realización de elecciones libres, en 1989, para designar al Presidente de la República y a la mayoría de los miembros del Congreso Nacional.
Luego de que la Concertación ganó las elecciones presidenciales, y Patricio Aylwin asumiera como Presidente de Chile en 1990, la Constitución fue reconocida como válida por todos los sectores políticos y sociales de Chile, con la excepción del Partido Comunista de Chile y otros grupos de izquierda extra-parlamentarios (quienes continúan llamando a la convocatoria de una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución).
LA CONSTITUCIÓN DENTRO DE LA TRANSICIÓN
La legitimidad de la Constitución es cuestionada ampliamente pero ha sido aceptada como realidad jurídica por los sectores políticos mayoritarios. No obstante, existe una presión constante tanto de los representantes de la Concertación como de la izquierda extra-parlamentaria para realizar numerosas modificaciones, algunas han sido promulgadas con éxito.
Durante los primeros años de los gobiernos de la Concertación, fue prácticamente imposible algún tipo de reforma sustancial del cuerpo legal debido a la oposición de los sectores de la Alianza por Chile.
En los últimos años, han sido realizadas variadas reformas constitucionales, pero sólo durante el gobierno del Presidente Ricardo Lagos se logró llegar a un consenso para eliminar los últimos enclaves antidemocráticos de su texto original (proveniente del gobierno militar).
Luego de varios años de discusión y de acuerdos entre ambos grupos políticos, el 14 de julio de 2005 se llegó a un acuerdo de reforma en el Senado. Posteriormente, un acuerdo entre el Gobierno y el Congreso, el Presidente presentó inmediatamente un veto para poder modificar 27 artículos de las reformas, las que fueron rápidamente aprobadas por ambas cámaras del Congreso. El 16 de agosto de aquel año el Congreso Nacional de Chile en su conjunto, reunido como Congreso Pleno, da la última aprobación. El resultado de la votación fue de 150 votos a favor, 3 en contra (de los senadores designados Jorge Martínez Busch, Fernando Cordero y Julio Canessa) y la abstención del Senador Rodolfo Stange.
El 17 de septiembre del 2005, en una ceremonia especial, fue promulgado por medio de un decreto, el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución, incorporando estas últimas reformas. Dicha ceremonia fue encabezada por el Presidente Ricardo Lagos, cuya firma del texto constitucional pasó a reemplazar la del General Augusto Pinochet.
VISIÓN DE CONJUNTO
En la actualidad la Constitución de 1980 parece en gran medida satisfactoria. Se trata de un texto que conserva un buen número de tradiciones republicanas, las que han sido correctamente actualizadas conforme a las orientaciones contemporáneas del constitucionalismo. Así, por ejemplo, se ha conservado la tradición presidencialista de matriz portaliana, coexistiendo con un parlamento mayoritariamente electo. El dominio legal se ha racionalizado, siguiendo al constitucionalismo francés de posguerra, pero ha mantenido un papel preponderante en la definición de las bases del ordenamiento, el que se ha visto equilibrado mediante un control de constitucionalidad de las leyes reforzado. Y naturalmente, el ejercicio del poder público se ha parecido verse durante estos años cada vez más limitado por los derechos fundamentales.
Como muchos comentaristas observan, hay una paradoja cierta en esta Constitución. Se trata probablemente del texto más respetuoso de los derechos individuales de las personas que haya conocido la historia constitucional chilena; la paradoja reside en que haya sido dictada precisamente por una dictadura militar bajo cuyo gobierno se violaron los derechos humanos. Sin embargo, no es casual que durante gran parte de los primeros años de vigencia del texto, el país haya sido gobernado bajo estados de excepción constitucional que permitieron eludir algunas reglas demasiado "restrictivas" para un gobierno no democrático, y no demasiado respetuoso –en el hecho– de las libertades públicas.
Las críticas más visibles dirigidas en su contra recaen sobre lo que en algún momento se llamó “enclaves autoritarios”. En efecto, aún abrazando principios democráticos, no debe olvidarse que un principio la Constitución obedecía a un modelo de “democracia protegida”. En ese contexto era normal que la propagación de doctrinas que propendieran la lucha de clases, por ejemplo, fuese considerada como un ilícito constitucional; o que se pretendiera instaurar a nivel local mecanismos de gestión administrativa y gubernamental al margen de recetas puramente políticas (i.e. ideológicas). Durante casi 25 años subsistieron algunos aspectos heredados de esa concepción política: el papel de las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad, el peso (cada vez menor en la práctica) del Consejo de Seguridad Nacional de Chile, y la existencia de senadores por derecho propio y otros designados, que se reputan representar a la Nación del mismo modo que los electos.
A ello se suman dos factores que mantienen una grave tensión. Por una parte, la definición de un sistema electoral que no asegura en forma absolutamente fiel la representación de todas las colectividades políticas y ha obligado a formar grandes bloques políticos –en donde las colectividades más marginales tienen dificultad para hacerse oír. En ese contexto, la Constitución parecería haber sido hecha para regir de una vez para siempre al país, sin posibilidad de evolución. Por otra parte, y sumado a lo anterior, la Constitución en varias de sus disposiciones exige mayorías parlamentarias calificadas para reformar ciertos aspectos institucionales que son claves en la actualidad. Por ejemplo, se exige una mayoría de los 4/7 de los parlamentarios en ejercicio para reformar las votaciones, los partidos políticos, la libertad de enseñanza, las bases de la Administración, el Congreso Nacional, el Tribunal Constitucional, las Fuerzas Armadas, etc. Dado lo anterior, ha sido extremadamente difícil que la mayoría democrática reforme tales instituciones cuyo régimen jurídico, en lo fundamental, fue definido durante la dictadura militar.
La solución a muchos de esos problemas, que existen y en algún momento han parecido graves, pasa simplemente por una reestructuración de mecanismos de poder, como los que se discuten actualmente y verosímilmente permitirán cambiar la Constitución.
Pero más allá de esa clase de observaciones, cabe preguntarse si acaso la Constitución tiene realmente carácter democrático. No se trata de resucitar las querellas acerca de su legitimidad de origen sino de analizar su contenido. En efecto, en el texto mismo, en sus aspectos dogmáticos, hay opciones ideológicas explícitas, que pueden ser discutibles, y sobre todo pueden limitar la libertad de acción de generaciones futuras. El principio de subsidiariedad, por ejemplo, puede erigirse en obstáculo a la implementación de políticas asistenciales o de servicio público más agresivas por parte del Estado. Igualmente, la importancia asignada a la familia podría esgrimirse como argumento que impida la adaptación de las leyes a la evolución de las costumbres, particularmente en materia sexual. En fin, incluso un concepto aparentemente tan inocuo como el de bien común puede ser objeto de lecturas restrictivas, que vinculen el porvenir de la sociedad chilena a un modelo específico inmutable, y frenen su evolución conforme a la apreciación más o menos cambiante del interés general, que hagan los representantes de la Nación a través del tiempo. La cuestión que habrá que preguntarse en el futuro es si quiere hacerse de la Constitución chilena más un programa de gobierno que un arsenal de instrumentos a disposición de cada gobierno o cada legislatura.
CONTENIDO
La Constitución de 1980 está articulada en torno a 15 capítulos.
BASES DE LA INSTITUCIONALIDAD
El primer capítulo (artículos 1º a 9º), llamado Bases de la Institucionalidad, contiene una serie de principios elementales de un Estado de derecho. Este capítulo resume la filosofía política de la Constitución, en cuanto toca a la relación del hombre con el poder. Así, establece, por ejemplo que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y reconoce la importancia de la familia y del respeto a los derechos fundamentales. Contiene diversos principios inspiradores de la organización política del Estado: soberanía nacional, democracia representativa, forma unitaria, tendencia a la descentralización, etc. El valor jurídico de la Constitución es regulado por ella misma: se trata de una norma, por consiguiente su observancia es obligatoria para toda persona, institución o grupo, y evidentemente también para todos los órganos del Estado. El principio de respeto al Estado de derecho se completa mediante los principios de legalidad –o juridicidad, en la jerga de algunos académicos- y de responsabilidad del Estado.
NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA
El capítulo II (art. 10º a 18), Nacionalidad y ciudadanía, compendio de las reglas tradicionales chilenas sobre la ciudadanía. Reconoce la nacionalidad chilena en las distintas formas que esta se obtiene, ya sea ius sanguinis, ius solis, por carta de nacionalización o por gracia (ley). También establece las causas de pérdida de la nacionalidad, otorga la posibilidad de recurrir ante la corte suprema frente a resolución administrativa considerada arbitraria, que prive o desconozca la nacionalidad chilena. También establece las reglas básicas de la Ciudadanía, el Derecho a Sufragio y la forma de elección.
DERECHOS Y DEBERES CONSTITUCIONALES
El capítulo III (art. 19 a 23), posee una densidad normativa importante. Se refiere a Los derechos y deberes constitucionales. El artículo 19, extensa enunciación de los derechos fundamentales reconocidos en Chile, conserva tradiciones ancestrales de la cultura jurídica chilena –la trilogía de valores hispánicos: honra, vida y hacienda, por ejemplo–, actualizándolas conforme a las orientaciones actuales del constitucionalismo moderno. Entre los derechos fundamentales reconocidos se cuentan el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la igualdad en la protección de la ley, a la honra, a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, de asociación, el derecho a la propiedad, y un largo etcétera. Ciertamente, los derechos humanos de carácter social son los menos desarrollados en este texto, aunque contiene algunos esbozos al respecto. Esta enumeración se cierra por la garantía de que el legislador no podrá dictar leyes que afecten el núcleo fundamental o la esencia de estos derechos.
La Constitución ha instituido, además, el recurso de protección, mecanismo procesal que permite hacer efectivas ciertas garantías constitucionales frente a actos ilegales o arbitrarios. Ha sido ésta una gran innovación que ha permitido dar vida a las normas constitucionales y vigorizar el fenómeno llamado de “constitucionalización” del derecho.
GOBIERNO
El capítulo IV (art. 24 a 45) establece como cabeza del Estado y del Gobierno al Presidente de la República. Define las formas de elección de éste y los requisitos para desempeñar el cargo, establece las atribuciones del Presidente de la República, las normas relativas a los Ministros de Estado, su nombramiento y requisitos para desempeñar el cargo, da la norma básica sobre las bases de la Administración del Estado, y define los Estados de Excepción Constitucional.
CONGRESO NACIONAL
El capítulo V (art. 46 a 75) establece un Congreso Nacional bicameral, con un Senado y una Cámara de Diputados, estableciendo la forma de elección de los miembros de los mismos y sus números, los requisitos e inhabilidades para desempeñar el cargo, las atribuciones exclusivas de cada rama y del congreso en su conjunto, el funcionamiento del congreso, las materias de ley y la formación de las mismas.
PODER JUDICIAL
El capítulo VI (art. 76 a 82) establece las bases del Poder Judicial.
MINISTERIO PÚBLICO
El capítulo VII (art. 83 a 91) establece las bases del Ministerio Público, las formas y modos de operar de este organismo, la designación o elección de sus miembros, y las atribuciones de los mismos.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
El capítulo VIII (art. 92 a 94) establece un Tribunal Constitucional, definiendo la forma en la cual serán designados los miembros del mismo, las atribuciones del Tribunal y la fuerza de sus resoluciones.
JUSTICIA ELECTORAL
El capítulo IX (art. 95 a 97) establece las normas fundamentales de la Justicia Electoral.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
El capítulo X (art.98 a 100) establece la Contraloría General de la República, dotada de autonomía, establece la forma de designar a los miembros de este organismo, y establece los procedimientos en los cuales opera el mismo.
FUERZAS ARMADAS, DE ORDEN Y SEGURIDAD PÚBLICA
El capítulo XI (art. 101 a 105) establece la forma de operar de las instituciones armadas y policiales, sus normas fundamentales, el ascenso de sus miembros, y la designación de los comandantes en jefe de las distintas ramas de las FF.AA y de Orden.
CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL
El capítulo XII (art. 106 a 107) establece un Consejo de Seguridad Nacional, formado por los miembros que la Constitución Señala, para asesorar al Gobierno en materias de su incumbencia.
BANCO CENTRAL
El capítulo XIII (art. 108 a 109) establece normas fundamentales para este órgano autónomo y técnico.
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN INTERIOR DEL ESTADO
El capítulo XIV (art. 110 a 126 bis) establece las bases del gobierno y la administración del Estado a nivel regional y provincial y de la administración comunal, la forma y modo de operar de las autoridades de dichos entes, y sus atribuciones.
REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN
El capítulo XV (art. 127 a 129) establece la forma, los quórums y modos de reformar los diferentes capítulos de la Constitución Política de la República.
REFORMAS CONSTITUCIONALES
Año 1989
• Ley Nº 18.825, de 17 de agosto de 1989, producto de un proyecto aprobado en un plebiscito realizado el 30 de julio del mismo año, involucrando 54 reformas, tuvo por objetivo: reemplazar el procedimiento de reforma de la Constitución, afirmar el pluralismo político, fortalecer los derechos constitucionales, morigerar los estados de excepción y robustecer el principio democrático y participativo del sistema.
Año 1991
• Ley Nº 19.055, de 1 de abril de 1991, modificó algunos preceptos relativos a las conductas terroristas.
• Ley Nº 19.097, de 12 de noviembre de 1991, introdujo cambios sobre el gobierno y administración regional y provincial y a la administración comunal.
Año 1994
• Ley Nº 19.295, de 4 de marzo de 1994, redujo el mandato presidencial original de 8 a 6 años.
Año 1997
• Ley Nº 19.519, de 16 de septiembre de 1997, incorporó el capítulo VI-A sobre el Ministerio Público y otras modificaciones relativas a la reforma procesal penal.
• Ley Nº 19.526, de 17 de noviembre de 1997, modificó algunas normas sobre organización y atribuciones de las municipalidades.
• Ley Nº 19.541, de 22 de diciembre de 1997, introdujo cambios en el número y forma de nombramiento de los ministros de la Corte Suprema y otros miembros del Poder Judicial.
Año 1999
• Ley Nº 19.597, de 14 de enero de 1999, estableció como trámite obligado, para la modificación de la ley orgánica constitucional sobre organización y atribuciones de los tribunales, el oír previamente a la Corte Suprema.
• Ley Nº 19.611, de 16 de junio de 1999, modificó el artículo 1º y 19, en el sentido de sustituir la expresión "los hombres" por "las personas", con el objetivo de reforzar el principio de igualdad ante la ley de hombres y mujeres.
• Ley Nº 19.634, de 2 de octubre de 1999, incorporó la obligación del Estado de promover la educación parvularia.
• Ley Nº 19.643, de 5 de noviembre de 1999, modificó las disposiciones sobre la elección presidencial (segunda vuelta) y la integración del Tribunal Calificador de Elecciones.
Año 2000
• Ley Nº 19.671, de 29 de abril de 2000, reformó una norma sobre el mecanismo de reforma constitucional.
• Ley Nº 19.672, de 28 de abril de 2000, creó el estatuto de "Ex Presidente de la República".
Año 2001
• Ley Nº 19.742, de 25 de agosto de 2001, reemplazó el sistema de censura por uno de calificación cinematográfica e incorporó la libertad de crear y difundir las artes en la disposición sobre el derecho de autor.
Año 2003
• Ley Nº 19.876, de 22 de mayo de 2003, estableció la obligatoriedad de la educación secundaria y el deber del Estado de proporcionar un sistema gratuito con tal objeto (hasta los 21 años).
Año 2005
• Ley Nº 20.050, de 26 de agosto de 2005, si bien las reformas constitucionales realizada por ésta son bastantes (incluye 54 modificaciones), las principales y más significativas son las siguientes:
o Eliminación de los senadores designados y vitalicios: Hasta el año 2006, el Senado estuvo compuesto por 38 senadores elegidos por votación popular más 9 senadores designados, correspondientes a ex miembros de varios órganos del Estado (incluyendo senadores representantes de cada una de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile). Además, se establecía la existencia de senadores vitalicios, correspondientes a los ex Presidentes de la República (Augusto Pinochet asumió en 1998, renunciando el 2001; y Eduardo Frei Ruiz-Tagle ocupó su asiento entre 2000 y el 2006).
o Reducción del mandato presidencial: El Presidente con mandato a partir del 11 de marzo de 2006 sólo desempeñará el cargo durante 4 años (no 6 como antes de esta reforma).
o Facultad de remoción de los Comandantes en Jefe: El Presidente de la República adquiere la atribución de remover a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y al General Director de Carabineros, debiendo sólo informar de su decisión al Congreso (una facultad que tradicionalmente gozaba el Presidente). Antes, la única forma de hacerlo era a través del voto conforme de la mayoría de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional (El presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle recibió un categórico "yo no renuncio" del General Director de Carabineros Rodolfo Stange durante las investigaciones del llamado "caso Degollados", mientras que Ricardo Lagos debió negociar con el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea Patricio Ríos, luego de que se descubriera la protección de éste a algunos violadores de los derechos humanos).
o Modificación del Consejo de Seguridad Nacional: El COSENA será desde ahora un organismo asesor del Presidente de la República y sólo podrá ser convocado por éste. Anteriormente, éste tenía atribuciones de hacer presente a otras instituciones del Estado asuntos que, a su juicio, atentaban contra las bases de la institucionalidad o la seguridad nacional y podía ser convocado por cualquiera de sus miembros (en 1993, fue convocado por el Presidente de la Corte Suprema durante la acusación constitucional del ministro Hernán Cereceda; mientras que entre 1998 y 2000 fue convocado por los jefes castrenses por los procesamientos al general Pinochet).
o Nacionalidad: Se elimina el requisito de avecindamiento en el país por un año como medio de adquisición de la nacionalidad chilena para hijos de chilenos nacidos en el extranjero, bastando ahora ser hijo de chileno, sin importar el lugar de nacimiento, para adquirirla. Esto reafirma la obtención de nacionalidad por ius sanguinis.
Año 2007
• Ley N° 20.162, de 16 de febrero de 2007, establece la obligación del Estado de financiar el segundo nivel de transición en la educación parvularia, sin que constituya requisito obligatorio para la educación básica.
• Ley Nº 20.193, de 30 de julio de 2007, crea los territorios especiales de Isla de Pascua y Archipiélago de Juan Fernández.
Año 2008
• Ley N° 20.245, de 10 de enero de 2008, que autoriza la fijación de fechas diferentes para la entrada en vigencia de los sistemas de enjuiciamiento en las diversas regiones del país.
Año 2009
• Ley N° 20.337, de 4 de abril de 2009, que establece el sufragio como un derecho de los ciudadanos y de su inscripción automática en los Registros Electorales.
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